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“Tenemos que escuchar a las víctimas directas del sistema, a quienes han padecido la lentitud, la burocracia, el lado más oscuro del sistema de justicia”, dijo Franco Picardi, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial en el cuarto encuentro federal sobre la democratización de la justicia que concluyó hoy en Córdoba. De una de las últimas mesas participó Laura Garrigós de Rébori, presidenta de Justicia Legítima. “Los jueces somos los dueños del tiempo. Y esto no puede ser. Porque el tiempo es lo más valioso que le podemos robar a la gente”, reflexionó. El cierre del evento, que tuvo gran cantidad de público, estuvo a cargo de Martín Fresneda, uno de los fundadores de Hijos Córdoba y actual secretario de Derechos Humanos de la Nación.

“La justicia está muy alejada de los hombres comunes”

Sonia Torres, abuela de Plaza de Mayo de la histórica filial de Córdoba, abrió las exposiciones de un panel integrado por familiares de víctimas. Contó su penoso derrotero de más de tres décadas por los pasillos judiciales. “La justicia está muy alejada de los hombres comunes”, dijo. La dirigente de Abuelas detalló la zaga de secuestros y desapariciones en su familia. Dos días después del 24 de marzo, los militares se llevaron a su sobrina y su esposo, que permanecen desaparecidos. “Desde ese día busco justicia sin ningún resultado. Al principio pensé que era por falta de información. Hoy sé que era una justicia cómplice, que sabía del secuestro, la tortura y la muerte de los ciudadanos, de las condiciones inhumanas de las cárceles, de los campos de concentración”, explicó. Y se preguntó, sobre el final, en las continuidades de aquel poder judicial y el actual. “Las personas que fueron funcionarios durante el terrorismo de Estado, ¿pueden continuar en la Justicia hoy y darnos la seguridad que necesitamos?”.

Omar Palermo, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, hizo hincapié en la importancia de estos debates abiertos y federales. “El fallo que declaró inconstitucional la posibilidad de que los ciudadanos elijan a los consejeros, no puede cerrar el debate sobre la democratización de la justicia”, dijo.

Palermo, que pidió la detención del juez Otilio Romano por complicidad con el Terrorismo de Estado, se refirió también a los puntos de contacto de aquellos jueces con algunos exponentes de la justicia actual. “En mi provincia desaparecieron dos pibes, casos muy conocidos, la policía mata a los pibes por la espalda. En las penitenciarías del país mueren presos todo el tiempo. Aquella complicidad con el Terrorismo de Estado se verifica hoy en la pasividad respecto de la violencia institucional”, dijo el magistrado.

En los últimos seis meses hubo nueve homicidios cuyas balas salieron de policías. Uno de los casos es el de Álvaro Zarandón. Fue a la casa de un amigo, en la que hubo un operativo, y su hijo fue baleado por la espalda cuando escapaba de susto. Su madre Sandra, dijo entre lágrimas que “hay un detenido y se encontraron 16 casquillos, y está comprobado que se accionaron 6 armas. Dicen que hay un gatillo fácil, para mí son 6 gatillos”. Sobre la actuación de la justicia, dijo que “no me dice nada, leí que quería que se elevara a juicio. Yo quiero que se investigue todo el accionar de la policía”.

Otro caso es el del joven desaparecido desde febrero de 2012, Facundo Alegre. Su madre, Viviana, consideró que “la democratización de la justicia es urgente. A nivel provincial, hay fiscales adictos al poder de turno, ponen un montón de trabas”. Su hijo salió a un recital de cuarteto, y nunca volvió. El fiscal de la investigación, Alejandro Moyano, no les deja ver el expediente. “Siendo la madre, la querella, no tenemos acceso a copias del expediente. La prensa sabe antes que nosotros”. Viviana pidió además “una democratización de las policías”.

Por último fue el turno de Silvia Di Toffino, de HIJOS Córdoba. “A nosotros nos costó 32 años que la Justicia decidiera que Luciano Benjamín Menéndez fue responsable de la muerte de tantos compañeros”, dijo. En la Cámara de Casación, aquella primera condena del año 2008 quedó firme hace tan solo dos días. “Fue un peregrinaje largo. Lamentamos que haya llegado cinco años después”, aseguró. Y reforzó una idea que sobrevoló los dos primeros paneles: “la justicia es política también”.

“Todos los jueces debemos pagar impuestos a las ganancias"

El primer orador del segundo panel fue Gustavo Cosacov, profesor de Filosofía del Derecho. Ahondó sobre los jurados populares: “Nunca van a ser utilizados en todos los casos que se presenten en los tribunales”. En Córdoba, explicó, existe un sistema mixto: ocho ciudadanos y tres jueces profesionales, que tienen por igual derecho a voto. El sistema de doce ciudadanos, con un juez silencioso, que luego del veredicto del jurado -culpable o inocente- aplica la ley y pone una pena, aún no se implementa en el país. “Hay 22 proyectos de ley presentados”, anotó Cosacov. “El proyecto de jurados no nos acerca más a la verdad. Nos acerca a la verdad de doce personas que van a votar según su sentido común”, dijo.

Rafael Ortiz, asesor letrado en lo Penal, criticó el fallo de la Corte que impidió la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. “Es un fallo profundamente reaccionario”, dijo, ya que “desconoce el espíritu de la Constitución, que dice que el origen del Estado de Derecho de Argentina es la soberanía popular”. Ortiz dio ejemplos concretos: “El fallo habla de la defensa -diría medieval- de los estamentos. Que los estamentos tienen que ser electos por sí mismo. Pero eso también es una falacia: porque los jueces provinciales, por ejemplo, no podemos elegir jueces consejeros, solo pueden hacerlo los jueces nacionales”, se quejó el asesor.

Por su parte Clara Cordeiro, jueza Civil y Comercial de Córdoba, se abocó a uno de los aspectos más criticados de la justicia actual: su lentitud. “Cualquier ciudadano, para hacer valer sus derechos, tiene que esperar muchos años. Luego de la sentencia, el ciudadano debe transitar más caminos para hacerla efectiva” explicó. Luego del diagnóstico, Cordeiro propuso algunas ideas para acortar esos tiempos y mejorar el servicio de justicia. La primera de ellas arrancó los aplausos de la sala: “todos los jueces debemos pagar impuestos a las ganancias”, dijo. Además propuso suprimir las ferias judiciales. “Que haya vacaciones, nosotros también debemos descansar, pero que Tribunales esté atendido todo el año, como un hospital”, dijo.

Irina Santiesteban, la secretaria general del gremio de Empleados del Poder Judicial de Córdoba, se refirió a algunos de los efectos nocivos del Poder Judicial. “Al interior del Poder Judicial no hay para nada democracia”, dijo. “Y los empleados son los que más lo sufren. Es oligárquico, es monárquico, por eso le decimos el Palacio de Justicia”, agregó.

La mesa cerró con la intervención de Claudio Orosz, abogado querellante en los cinco juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar. “Ninguno de ustedes, con una mano en el corazón, puede negar que una de las deudas de la democracia, es una reforma profunda del poder judicial, nacional y provincial”, dijo Orosz.

Las resistencias corporativas

Con el aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC repleta, se inició la última mesa de la jornada. Alejandro Alagia, fiscal federal de la ciudad de Buenos Aires, fue el primer orador. “El fallo señala que la función política de la Corte es controlar a las mayorías populares”, dijo, en una de las definiciones más contundentes. Alagia hizo hincapié en el valor simbólico y político del máximo tribunal de la Nación. “La peor enseñanza del fallo de la Corte de hace unos días es que descree absolutamente de la sabiduría del pueblo”, afirmó.

El abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe habló sobre la importancia de los conceptos y las palabras. “No puede ser que haya rogatorias o suplicatorias, en la justicia hay que pedir, no rogar”, dijo. Pero también habló sobre su oficio. “A nosotros, los abogados, no puede ser que nos sigan diciendo letrados o doctores, cuando hay muchos otros doctores de grado académico”. Villafañe recaló en el doble estándar de juzgamiento de algunos sectores del sistema de justicia. “Yo siempre le digo a los jueces federales 'no puede ser que los fines de semana nos llene las cárceles de los consumidores de drogas, cuando los narcotraficantes nunca pasan por sus despachos”, concluyó.

Diego Tatián, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, se declaró un “infiltrado” entre tantos hombres y mujeres de leyes. “En una democracia representativa es natural que los representantes gobiernen, pero la potencia deliberativa de lo que estamos haciendo acá es una potestad indelegable del cuerpo”, consideró. El académico reflexionó que “una sociedad democrática es una sociedad que sustrae las materias relevantes para la vida humana de los técnicos” y que “el derecho no es sólo para los abogados”.

El siguiente orador fue Miguel Ceballos, abogado querellante en causas de derechos humanos, que analizó la reacción corporativa de su fuero de incumbencia, la justicia federal. “No es una novedad el fallo de la Corte y la reacción corporativa que supuso”, dijo, y relató -como ejemplo- los avatares que tuvo una causa en la que investigaba el asesinato de 31 presos políticos en la dictadura, en la que se apartaron los tres jueces federales por amistad con los imputados, y luego de un tiempo largo, tuvo que resolverla un juez de La Rioja. “Con militancia y compromiso, se puede quebrar esas resistencias corporativas”, concluyó Ceballos.

Gabriel Pérez Barberá, juez de Cámara de Córdoba, mencionó la visibilización de la ideología de jueces y sectores judiciales. “Desde el movimiento Justicia Legítima, que aún somos una minoría dentro del Poder Judicial, tenemos una ideología definible”, dijo. “Se puede decir que somos democráticos, anticorporativos, y sensible a lo popular”. El juez de Cámara y profesor universitario, propuso una reforma legislativa para que Justicia Legítima tenga una representación en el Consejo de la Legislatura.

El cierre de la última mesa de debate estuvo a cargo de Laura Garrigós de Rébori, presidenta de Justicia Legítima. “La Corte decidió con este fallo, si quería ser un tribunal de justicia, o un órgano de gobierno del Poder Judicial. Fue un acto político, nos marcó la cancha y nos puso del otro lado”, disparó. “En una semana, aceptó un per saltum y sacó un fallo en tiempos políticos, no en los tiempos judiciales”

La magistrada de la Cámara del Crimen consideró que “el defecto más grave es la morosidad. No sólo somos morosos en las causas que cajoneamos, lo somos en todo”. Y formuló algunas preguntas en medio de su expocisión. “¿Por qué los jueces no somos rápidos en los fallos? ¿Por qué nadie nos intima? ¿Cuántos prontos despachos nos presentan?”.

Garrigós de Rébori habló con un lenguaje llano, interpelando al auditorio. “Los jueces somos los dueños del tiempo. Y esto no puede ser. Porque el tiempo es lo más valioso que le podemos robar a la gente”, reflexionó. “Porque robarle tiempo es robarle derechos: cuando acuden a nosotros es porque no los están pudiendo usar”. Sobre el final de su intervención, pidió a la sociedad “ir a los juicios, verle la cara a los jueces, ver a qué hora entran a trabajar.” Y cerró con una sentencia: “apelo a que ustedes decidan ejercer el control”.

El cierre

En el cierre de la jornada estuvieron Gabriela Estévez, gerenta regional de la Anses Córdoba; Carolina Scotto, ex rectora de la Universidad Nacional de Córdoba; y el Secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda. Antes de que hablaran, se proyectó una filmación en la que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner abría esta serie de encuentros federales, hace unos meses en La Matanza.

Estévez dijo que “se habla de que este proceso es la tiranía, de que se quiere intervenir en el poder Judicial, cuando no hay poder más tirano que el Poder Judicial”. Scotto llamó a ser “capaces de reflexionar como las prácticas políticas y legislativas conciben al Poder Judicial y de qué modo es un asunto de todos comprender ese carácter político del Poder Judicial”.

Martín Fresneda tiene el germen de su historia política y militante en la provincia de Córdoba, donde en la década del '90 fue uno de los fundadores de Hijos. Tras el fallecimiento de Eduardo Duhalde, Fresneda heredó el cargo y el mandato. “Fue un pedido de la Presidenta pero también una responsabilidad de todos debatir desde las propias perspectivas un Poder que tenemos que discutir: la justicia”, dijo.

Fresneda hizo referencia a la presentación en La Matanza del panel de las víctimas del que fue moderador. “Aquí pudimos escuchar a las víctimas de nuestra querida Córdoba y yo, que he litigado bastante y me he encontrado con muchisimos hombres y mujeres que han batallado por cambiar el Poder judicial desde adentro, no significa que hoy, el poder sea permeable a los poderosos e impermeables a los débiles”.