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Infojus Noticias

27-6-2014|8:02|Desalojo Santa FeProvinciales
Los responsables del vaciamiento impulsan el desalojo en la Justicia.

Rosario: trabajadores de una fábrica recuperada resisten el desalojo

La empresa de repuestos para la industria automotriz está en manos de los empleados desde su quiebra en 2013. Legisladores del Frente para la Victoria intentar mediar ante el juez para preservar las fuentes de trabajo.

  • Télam
Por: Infojus Noticias

Trabajadores de una fábrica recuperada en Rosario resistieron el intento de desalojo ordenado por la justicia. Los diputados provinciales del Frente Para la Victoria, Eduardo Toniolli y Josefina Gonzales, junto al gerente de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, Cristian Racchio, estuvieron presentes brindando apoyo a los empleados y buscan mediar ante el juez.

El intento de desalojo se produjo ayer a la tarde, cuando oficiales de infantería rompieron el portón de ingreso a la fábrica. “Estamos tratando de mediar entre el juez y los trabajadores”, dijo a Télam el diputado provincial Eduardo Toniolli, “ya que creemos que por sobre el derecho a la propiedad, está el derecho a la vida digna, a un trabajo digno y a que los trabajadores puedan desarrollar su labor”.

La empresa de repuestos para la industria automotriz Fabricaciones Rosario, ubicada en Presidente Perón al 7400, quebró en mayo de 2003. Los 22 trabajadores formaron una cooperativa con el objetivo de mantener sus fuentes laborales cuando los empresarios abandonaron el local e intentaron vaciarlo.

La titular del inmueble, Marcela Riva, es quien lleva adelante las acciones de desalojo junto a su apoderada. Además, la mujer es pareja de Fernando Godoy, último administrador de Fabricaciones Rosario SA hasta el día de la quiebra.

“Poner por encima el derecho a la propiedad es condenar a todos los trabajadores al destierro, la desocupación y la exclusión”, dijo Toniolli.

“Vamos a resistir lo que sea necesario para que estas 22 fuentes de trabajo no se pierdan”, dijo Racchio. Además, el funcionario explicó que los trabajadores ofrecieron desde el inicio del conflicto un pago de alquiler del galpón de hasta 30.000 pesos mensuales, pero la titular del inmueble les exigió un precio de 80.000 pesos por mes, algo que el funcionario calificó de “exhorbitante”.
 

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