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Los empresarios mendocinos a los que se les constate trabajo infantil o esclavo no sólo serán sancionados con la quita de todos los beneficios otorgados por el Estado provincial, sino que además sus nombres serán difundidos en servicios de comunicación. La ley que ya tenía la media sanción por unanimidad de Diputados, fue aprobada la semana pasada por la Cámara de senadores mendocinos.

La ley provincial 8374 establece que los empleadores que registren antecedentes de trabajo esclavo o explotación infantil, o mantengan a sus empleados en condiciones denigrantes similares, no podrán acceder a beneficios fiscales, impositivos, económicos, financieros o de cualquier otra índole dispuestos por la Provincia de Mendoza. Ahora los explotadores también serán exhibidos en los medios.

“Para perfeccionar la ley 8374 lo que se aprobó por unanimidad es que a los empresarios se los conozca, que no solamente se sepa el nombre de la empresa y las asociaciones anónimas, sino de las personas que hay detrás. Creemos que existe la condena social, y esa es la que ejercen las personas al conocer a los empresarios que tienen a los trabajadores de forma infrahumana. 

En Mendoza la problemática está centrada en la zona del agro con las frutales y vides. También se da en muchos talleres de ladrillos”, dijo a Infojus Noticias el senador del Frente para la Victoria Gustavo Arenas, impulsor del proyecto.

Según el senador el espíritu de la legislación es que cada consumidor tenga la alternativa de no comprar los productos en cuya etapa de producción se haya utilizado trabajo esclavo o explotación infantil.

A partir de la promulgación la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza, o el organismo que en el futuro la reemplace, deberá remitir mensualmente la nómina de empleadores inscriptos en el Registro de Infractores Laborales.

“Tenemos como ejemplo que en la provincia se publican los nombres de los padres que no cumplen con la cuota alimentaria. La ley de los infractores implicará la publicación en al menos un medio masivo, en forma de solicitada. De todas formas los datos estarán disponibles para todo aquel que los quiera pedir”, dijo Arenas.

La ley también señala que las empresas no deben registrar antecedentes de ese tipo durante los dos últimos años para quedar fuera del registro de infractores, mientras que para volver a contar con beneficios oficiales tendrán que acreditar –mediante certificación emanada de la autoridad competente– que no se encuentran incluidas. En el caso de las personas jurídicas, tal requisito debe ser cumplimentado también por la totalidad de sus directivos. Esto para impedir que el empleador que cometa esas infracciones acceda a beneficios otorgados por el Estado.