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El juicio por el crimen de Cristian Reyes, asesinado en 2006 por un policía de Mendoza cuando estaba esposado y a punto de ser detenido, fue suspendido para marzo. Este mediodía, la Cámara Quinta del Crimen de Mendoza debía comenzar a juzgar por segunda vez al oficial Mario Biasiori, único acusado, pero antes de iniciar la audiencia, la fiscal de Cámara Laura Russele pidió que se tome un registro audiovisual del proceso oral para “resguardar las garantías”.

Frente a la solicitud, el juez Gonzalo Giñazú decidió posponer el inicio del juicio argumentando que “los recursos no están asegurados”, lo que motivó el malestar de la familia de la víctima y las organizaciones sociales que la acompañan. Ahora, la audiencia comenzará el 14 de marzo,  a un mes de que se cumplan diez años del crimen.

“Más allá de lo que significa para la familia, la justicia sigue tomando decisiones que prolongan la impunidad”, señaló a Infojus Noticias Sebastián Moro, de la Campaña Contra la Violencia Institucional de Mendoza. “Esto lo vamos a empezar a reclamar en las calles, con escraches y rondas a tribunales, en la habitual marcha de los viernes que realiza Madres en Lucha y las organizaciones que reclaman contra la violencia institucional”, agregó.

Aunque está pronto a cumplir diez años, el homicidio no corre riesgo de prescribir porque se trata de un hecho cometido por un funcionario público en ejercicio. El crimen ocurrió el 12 de abril de 2006, en el barrio Buena Vista de Carrodilla, Luján de Mendoza. Según la versión policial, el disparo se produjo de manera accidental durante un forcejeo. Para la familia, a Cristián lo ejecutaron a sangre fría.

En marzo de 2011, la Cámara Quinta –presidida por otra jueza–decidió absolver al policía, pero gracias a la insistencia de Alicia Vargas, madre del joven y querellante en la causa, el Tribunal Superior de Justicia de esa provincia anuló aquella sentencia y ordenó que el juicio se haga otra vez.

“Estas causas avanzan gracias al empuje de las madres”, dijo a Infojus Noticias Carlos Varela, representante de la querella. “Los casos de violencia institucional son así: siempre nos encontramos con poca investigación, poca preocupación por parte de la Justicia, que termina favoreciendo a la impunidad. Lamentablemente, el sistema es débil cuando se trata de investigar a sus pares o a la policía”.

En marzo de 2011, la jueza Laura Gil de Chales absolvió al policía y le permitió reingresar a la fuerza y cobrar su sueldo. Desde entonces, Biasiori está en funciones y logró ascensos. Mientras tanto, los abogados de la familia apelaron el fallo. “Hubo un error técnico. Durante el juicio, incorporaron por lectura la declaración del testigo clave, en lugar de llamarlo al juicio oral. Y esa declaración favorecía al policía”, explicó Varela. Tanto el procurador General como el máximo tribunal mendocino le dieron la razón a la querella y ordenaron realizar nuevamente el juicio en la misma Cámara. Esta vez, con otro magistrado.

Cristian Reyes tenía una hija pequeña. Su muerte fue parte de una seguidilla causada por el uso letal de la fuerza pública entre abril y diciembre de 2006, durante el gobierno de Julio Cobos. En el juicio estarán presentes integrantes de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional y Miriam Medina, referente nacional de Madres en Lucha y mamá de Sebastián Bordón. “He aprendido que tengo que estar firme, seguir la lucha, no parar y acompañar a las otras madres porque somos como una familia que se apoya mutuamente, que llora y comparte momentos gratos y no tanto”, dijo Alicia Vargas a Radio Nacional Mendoza. “Luchamos contra una institución de mentirosos, no todos los policías son iguales pero cuando uno de ellos comete un crimen, ahí está la institución para cubrirlos”, agregó.

El caso

Aquella mañana, la División Investigaciones de la Policía de Mendoza llegó a la casa 8 de la manzana R, del barrio Buena Vista. Tenía orden de allanar, buscaban detenidos que se habían fugado de una penitenciaría. Pero el dato estaba errado. En esa casa, no estaba lo que buscaban. “Era la casa del primo de Cristian, estaba allí hacía tres semanas”, explica el abogado. Debajo del colchón en el que dormía Reyna, los investigadores hallaron un revolver calibre 22 y, por eso, decidieron detenerlo.

Biasiori llegó junto a su colega Carlos Asila en un móvil, para trasladar al detenido. Según la instrucción, el policía sacó a Cristian esposado, con las manos atrás, mientras que Asila le apuntaba con una escopeta. Al llegar al patrullero, Cristian se soltó y comenzó a correr. “En la persecución, el policía tiró cuatro tiros. En quinto, disparado a menos de medio metro, dio en el maxilar derecho de mi hijo”, contó Alicia.

El policía declaró que Cristian, que medía un metro ochenta, se soltó una de las esposas, comenzó a forcejear y, en la lucha, su arma se disparó. “Las pericias forense son clave en ese punto. El cuerpo no tiene marcas en las manos, como si hubiese intentado sacarse las esposas”, apunta el abogado.

El único testigo civil que presenció todo fue Eduardo José Poquet, justamente el hombre cuya declaración fue incorporada por lectura y motivó el error técnico en el anterior juicio. Según el Procurador General mendocino, que falló igual que el TSJ, “el vicio recayó sobre prueba esencial”.

WC/LL