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El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) denunció penalmente al intendente de La Plata, Pablo Bruera. El organismo de derechos humanos lo denunció por “estrago culposo”. Consideraron que las más de 50 muertes provocadas por la inundación del 2 y 3 de abril fueron “consecuencia directa de la insuficiencia del sistema de evacuación de excedentes pluviales y la falta de obras de infraestructura y equipamiento urbano para la localidad”. Y que el “accionar negligente” de las autoridades locales y provinciales favoreció la tragedia.

La nueva presentación del equipo jurídico se suma a por lo menos otras cuatro. Todas confluyeron en la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas (UFIC), a cargo de Jorge Paolini. Las denuncias apuntan a las responsabilidades del gobernador bonaerense Daniel Scioli y al Ejecutivo platense. Entre los funcionarios de la órbita provincial también fueron señalados el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y los titulares de Infraestructura, Saneamiento y Obras Hidráulicas.

Con anterioridad, el CIAJ presentó otra acción penal en la que pidió que se apartara al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a cargo de investigar las muertes ocurridas tras el temporal. Pretenden que se investigue “si incurrió en maniobras deliberadas para acotar el registro de fallecidos” y si habilitó la entrega de cuerpos irregularmente.

“No nos interesa señalar a Bruera individualmente, sino conocer las responsabilidades que le caben en tanto incumplimiento de sus funciones”, explicó a InfoJus la investigadora Ayelén Correa, del CIAJ. La denuncia apunta en dos líneas: por un lado lo que no hizo el municipio en materia de obras e infraestructura, donde comparte responsabilidades con la provincia. La segunda es sobre la atención de la emergencia.

Bruera ocupa el Ejecutivo platense desde 2007. El municipio cuenta desde la inundación de 2008 con un Comité Operativo de Emergencias Municipal que depende directamente del jefe de Gabiete, Santiago Martorelli. El organismo tiene como función “prevenir, mitigar y asistir a los vecinos en forma organizada antes, durante y después de las distintas y potenciales situaciones de riesgo”. El CIAJ se basó en un estudio realizado por el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional local (UNLP) en 2007. Y por las recomendaciones ejecutadas por la Suprema Corte bonaerense, durante la controversia en torno a la aplicación de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano, en 2011.

El plan de contingencia del comité de crisis no logró dar asistencia a los vecinos inundados hasta la medianoche. Desde el CIAJ se afirmó: “En ese momento la dimensión de la catástrofe era tal que superó la capacidad operativa del municipio, que, por protocolo, dejó en manos de la provincia y la Nación todas las acciones.” Por eso esperan que se analice “cuáles fueron las respuestas inmediatas que proporcionó el área de emergencias municipal en su conjunto, de qué manera se pusieron en funcionamiento los recursos humanos y técnicos, si se actuó según mapas de riesgo y planes de contingencia específicos. Si se proporcionó una alerta temprana a la población, los medios por los que circuló la información, y si la población contaba con la información necesaria para la autoprotección y actuación en casos de inundaciones”.

Para el CIAJ, la inundación del 2 y 3 de abril “no se trató de un caso fortuito o de un fenómeno climático excepcional”. Y argumentaron: “Las lluvias de 2002 y las posteriores de 2005, 2008 y 2010, hacen que las sucedidas en abril pasado no puedan considerarse como un hecho aislado e imprevisible, sino que demuestran la falta de planificación y la ausencia de la acción coordinada del Estado".