Infojus Noticias

La Cámara de Apelación en lo Penal confirmó hoy el procesamiento de Marcelo Héctor Vorobiof, ex titular del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, en la causa que investiga delitos contra la administración pública cometidos por quien fuera designado en esa función por Hermes Binner, en 2010,  y por su sucesor, Antonio Bonfatti, en 2011.

Vorobiof será juzgado por “negociaciones incompatibles con la función pública” y “peculado”. El primero de esos delitos establece una pena de uno a seis años de prisión y el segundo de dos a diez años. Ambos casos estipulan la inhabilitación para ejercer cargos públicos. No es el único funcionario investigado: el fiscal Jorge Andrés también pidió la indagatoria de José María Chemes, representante de la Municipalidad de Santa Fe en el Ente.

La justicia investiga la creación de empresas fantasmas que luego eran contratadas por el Puerto para llevar adelante trabajos u obras. Esas empresas estaban compuestas por familiares de Vorobiof y de otros integrantes del directorio. La más emblemática de ellas es Rumbo Portuario, que tan sólo dos días después de su creación fue contratada por el Ente, al que le facturó dos millones de pesos.

El gerente de esa empresa es Sergio Vázquez, yerno de Vorobiof. El titular de la firma está preso por homicidio, tal como publicó Infojus Noticias en agosto del año pasado.

El escenario político

La causa incomoda al oficialismo local y a los sectores de poder más tradicionales de la ciudad: ambos están vinculados a los negocios inmobiliarios que, desde hace tiempo, se montan en el Puerto, cuya ubicación geográfica despertó el interés de diferentes grupos empresarios que ven allí el nacimiento de una suerte de “Puerto Madero” santafesino.

El siempre en riesgo acuerdo entre los dos partidos más importantes que conforman el Frente Progresista Cívico y Social (el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical), se vio afectado también por la causa: Vorobiof llegó al Puerto de la mano de Mario Barletta, decidido a pelearle a Miguel Lifschitz (el candidato de Bonfatti) la gobernación.

Una vez desatado el escándalo, Bonfatti hizo un pase de facturas público: "Barletta había propuesto el nombre de Vorobiof, nos pareció un buen nombre y lo confirmamos durante nuestra gestión". En cambio, y pese a las abundantes pruebas sobre los hechos de corrupción, el intendente de Santa Fe, José Corral (UCR) decidió respaldarlo: “Valoramos mucho los avances, valoramos positivamente la gestión de Marcelo Vorobiof".

En un intento por despegarse de lo ocurrido en el Puerto, Bonfatti sostuvo que desconocía los hechos. Cuando un periodista le preguntó si habían existido auditorías oficiales, lo negó y respondió: “Vamos a seguir con la transparencia que nos caracteriza". Sin embargo, en los meses de junio de 2012 y 2013 la Sindicatura General, el órgano de control interno del gobierno, desnudó todas las irregularidades que hoy investiga la justicia. Pese a esos informes, que fueron presentados en la Dirección Provincial de Entes Portuarios y Túnel Subfluvial, que depende del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, el Ejecutivo no actuó.

La causa

El 29 de agosto de 2014 el juez Jorge Pegassano había dictado el procesamiento, luego de tomarle declaración indagatoria a Vorobiof. Esa medida fue apelada por la defensa, a cargo de Roberto Büsser, por considerar que su cliente era “víctima de una cacería penal”. Sin embargo el Juez de Cámara, Sebastián Creus, rechazó con énfasis esos argumentos.

Según Büsser, “de las diez personas involucradas en el requerimiento de elevación a juicio” sólo se citó a declarar a su defendido. Cuestionó que fuera procesado el mismo día de la indagatoria, hecho que, a su criterio, debe figurar “en el Guiness”. Y volvió a insistir con que Vorobiof “no es un funcionario público”, por lo que no se le pueden adjudicar delitos contra la administración pública.

En su escrito, Creus desautoriza cada uno de esos planteos, haciendo especial hincapié en la condición de funcionario público de Vorobiof, eje central de la defensa no sólo judicial, sino también política, ya que el propio gobernador Bonfatti se expresó en ese sentido.

“Está fuera de dudas que Vorobiof fue designado como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo Directivo del Ente Administrador Puerto de Santa Fe y que recibió una remuneración del Estado Provincial para cubrir esas funciones”, sostiene. “No es cierto que el ente administrador sea un sujeto jurídico privado, todo lo que administra el Puerto de Santa Fe son bienes públicos, pertenecientes a la provincia de Santa Fe”, agrega en su resolución.

Por su parte, el fiscal Andrés expresó que “la causa está en la parte de la investigación, es compleja porque son bastantes delitos, va a llevar un tiempo, ahora que salió esta resolución se va a poder continuar con otras personas que intervinieron en los delitos que se investigan”.

Canon a medida

Infojus Noticias tuvo acceso al listado de las 51 empresas que están radicadas en el Puerto de Santa Fe: 49 de ellas pagan un canon inferior al que el propio Ente estableció a través del acta Nº 391 de fecha 16 de noviembre del 2009, con valores que comenzarían a regir el 1º de enero de 2010, es decir, varios meses antes de la designación de Vorobiof. Es difícil explicar por qué el directorio decidió cobrar mucho menos de lo que correspondía a cada una de las empresas.

Y no se trata precisamente de Pymes: el hipermercado Coto, que ocupa 2500 metros cuadrados en la zona más cara de la ciudad, paga un canon mensual de 3.882,46 dólares, cuando según la tarifa fijada por el ente debiera abonar 8.774,12. El Casino Puerto de Santa Fe, que ocupa 3500 metros cuadrados, paga 56.422,94 dólares mensuales en lugar de 92.686,61.

Un caso emblemático es el del grupo Boldt SA, que paga 9841,51 dólares por mes, mucho menos de los 30.985,83 que corresponderían. Se trata de una empresa que ha ganado cada vez más terreno en la provincia: junto con Artes Gráficas del Litoral (sociedad que integran el diario El Litoral y el grupo Clarín) se quedó con la impresión de la boleta única para las elecciones de 2011; imprime desde 2012 la oblea de la revisión técnica vehicular; este año fabricará radares y dispositivos para detectar infracciones de tránsito en las rutas santafesinas y percibirá, además, cerca de 250 millones de pesos a través de un contrato de la Lotería de Santa Fe para la lectura electrónica de las apuestas.

A fines del año pasado, la Comisión Investigadora del Puerto que se creó en la Cámara de Diputados presentó un extenso informe que incluye algunas de las notas publicadas por Infojus Noticias durante 2014. En diálogo con esta agencia de noticias,  el titular de la comisión, Leandro Busatto, sostuvo que Vorobiof es “la cara visible del establishment de la ciudad”. “Es director del grupo inmobiliario Pilay, fue funcionario durante la primera gestión de Carlos Reutemann, de la que fue expulsado. Tiene conexión con el radicalismo local a partir de Barletta, y creó con la Universidad Nacional del Litoral un círculo de poder con mucho peso en Santa Fe”, precisó.

Además, Busatto estimó que el perjuicio para el Estado en concepto de cánones fue de 30 millones de dólares. “El nuevo puerto fue ideado y ejecutado por los empresarios que conforman el círculo rojo local, no por el Estado. Se valieron de los recursos del Estado para hacer negocios con amigos y parientes durante mucho tiempo”, expresó.