Infojus Noticias

Durante el día, recolectaban papas del suelo en jornadas de “sol a sol”, de lunes a lunes: arrancaban a las 4.30 y terminaban alrededor de las 21. Por las noches dormían sobre colchones en cuchetas puestas en colectivos que eran sus viviendas.  Alcanzaban a llenar 2.400 bolsas por día pero a la mayoría no les iban a pagar hasta que terminara la cosecha. Cuando le preguntaron a Oscar por qué había ido a trabajar a ese campo en la localidad bonaerense de General Belgrano desde su Santiago del Estero natal, respondió: “por necesidad”. Él y otros 22 hombres fueron rescatados en un allanamiento el 27 de enero de 2014. Ahora el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó por trata laboral a dos de sus explotadores.

Las víctimas estaban en un campo denominado San José ubicado en el “Camino Viejo a Pila”, a 20 kilómetros de General Belgrano. El predio era explotado por la firma Proyecto Sol S.A. a partir de un contrato de arrendamiento con los titulares del establecimiento. Según se desprende del expediente, las papas que caían de la cosechadora y los hombres levantaban del suelo tendrían como destino la famosa empresa de productos congelados Mc Cain Argentina S.A. 

Los imputados, sin prisión preventiva, son dos productores de Balcarce: Jorge  Oscar  Fairbairn y Marcelo Eduardo  Errecaborde. Están acusados de haber captado, recibido y acogido, con el fin de explotar laboralmente y así obtener un provecho económico de ello, a al menos a 23 personas, abusando de la situación de vulnerabilidad y desprotección en la que se encontraban las víctimas. En marzo del año pasado, Ramos Padilla dictó un embargo de un millón doscientos mil pesos a la firma para garantizar las remuneraciones y posibles indemnizaciones para las víctimas.

Dormir en colectivos

Los colectivos fueron la vivienda de los 23 hombres el tiempo que duró la explotación. Cada vez que una de las víctimas quería entrar a dormir, tenía que salir otra porque no entraban.  Las condiciones en las que estaban configuraban un listado de falencias: no  tenían   luz,  ni  baños, ni duchas, ni botiquines, ni matafuegos. Se sentaban en los bolsones de papas para comer porque tampoco tenían sillas, ni una.

“El patrón me dijo que el trabajo iba a durar de 25 a 30 días, no nos dijo nada sobre dónde íbamos a dormir. Él únicamente me habló del dinero que  nos iba a pagar   al   finalizar   la   cosecha. Tampoco dijo nada sobre  cuántas   horas   por   día  había   que  trabajar.   Sobre  la   comida tampoco dijo nada”, dice uno de los testimonios que figura en el procesamiento al que tuvo acceso Infojus Noticias. El escrito de 159 hojas tiene fecha de 18 de septiembre.

Las víctimas habían llegado desde Balcarce y Santiago del Estero. Según se desprende de la causa, la explotación se consumó  desde diciembre   de   2013   respecto   a   los tres hombres   oriundos   de   Balcarce y desde el 8 de enero de 2014 hasta el día del allanamiento en relación con los 20 de Santiago del Estero. Todos eran varones mayores de edad a cargo de sus familias. La estampa de la vulnerabilidad se repite en cada una de sus historias: estudios sin terminar, trabajos informales, familias a cargo.

A los 23 hombres les descontaban todo lo que consumían, hasta la ropa para hacer su trabajo. Los precios que les cobraban los explotadores eran excesivos. “La bolsa de hielo la pagábamos cuando en verdad cuesta cerca de , en las tarjetas para la carga de los teléfonos siempre nos cobraba un recargo de , el kilo de asado nos lo cobraba cincuenta y pico a ”, contó uno de ellos. Tampoco les pagaron el traslado hasta el campo.

Los días de lluvia o de poca producción no cobraban. “Los trabajadores cumplían jornadas de sol a sol, de lunes a lunes y bajo las inclemencias del calor sofocante de la temporada estival, en clara violación a la legislación vigente para el trabajo agrario” dice el procesamiento que lleva la firma de Ramos Padilla.

El Estado contra la trata

En el caso, quedó reflejado el trabajo conjunto de distintas áreas del Estado nacional que abordan la problemática de trata desde la sanción de la ley que tipificó el delito. La AFIP­DGI  fue quien formuló   la denuncia inicial. El  Ministerio   de   Trabajo   de  la  Nación  constató  las irregularidades y decidió suspender la actividad laboral. El Programa Nacional   de   Rescate   y   Acompañamiento, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,  dio   asistencia   a   las víctimas al momento del procedimiento y en los días posteriores. También presentó su informe sobre el caso la Dirección   de   Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC) dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Los operadores judiciales dispusieron oficiar al Comité Ejecutivo para   la  Lucha  contra  la  Trata   y   Explotación   de   Personas   y   para   la Protección y Asistencia a las Víctimas a los fines de que se arbitren los medios a su alcance para efectivizar la real y efectiva asistencia y patrocinio   jurídico   gratuitos   a   los hombres rescatados.

Tras el allanamiento la a gran mayoría de las víctimas decidió no continuar con la relación laboral y aceptar la   protección   del   Programa   Nacional   de   Rescate   y Acompañamiento. Los hombres, a través de la Defensoría Oficial de Santiago del Estero, presentaron un reclamo civil colectivo.

Muchos de ellos quisieron denunciar la situación de explotación pero no sabían dónde ni a quién. Estaban lejos de la ciudad más cercana. La línea 145 funciona en todo el país y de manera gratuita. En ella se reciben denuncias por trata laboral y sexual todos los días del año, las 24 hs. del día.  

MFA/LC