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El juez Jorge Adolfo López, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 30, sobreseyó al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y a otros siete funcionarios del PRO en la causa que investiga el operativo represivo de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda, llevado a cabo el 26 de abril. En la misma resolución, el juez procesó a cinco trabajadores por “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”, entre los cuales se encuentra una enfermera que para poder caminar se vale de un bastón.

El expediente 27.116/13 incorporó 76 nuevas páginas en las que López desvinculó de toda responsabilidad a Macri; a la vicejefa María Eugenia Vidal; al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta; al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín; a la ministra de Salud, Graciela Reybaud; y al jefe y subjefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez y Ricardo Pedace.

Los funcionarios estaban denunciados por “torturas y apremios ilegales”, entre otros cargos, a partir de la presentación de legisladores, asesores tutelares y defensores de oficio. Las víctimas ascienden a 33 personas, entre las que había seis pacientes del Borda.

Responsables sobreseídos

López consideró que “no existen elementos mínimos objetivos, ciertos y concretos que conlleven a atribuir algún tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio” a Macri y los demás funcionarios, y sólo procesó al policía que más visibilidad tuvo durante el operativo, pero que no era el encargado de coordinarlo. Horacio Giménez, el jefe de la Metropolitana sobreseído, estuvo al frente de las acciones.

La Defensoría General de la Nación asistió a tres pacientes del Borda, dos de los cuales estaban siendo asistidos jurídicamente por el órgano de aplicación de la Ley de Salud Mental Nº 26.657, una unidad creada por la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez, hoy a cargo de Mariano Laufer Cabrera. El otro es un paciente asistido por las curadurías públicas de la Defensoría, un hombre que entró en pánico ante la represión y saltó al tapial que linda con el Hospital Moyano, y se fracturó la rodilla. Estuvo desaparecido tres días, hasta que lo encontraron en el Hospital Penna.

La abogada que tiene a su cargo la asistencia jurídica de las personas internadas en el Borda, Carolina Brandana, llegó ese día para visitar a los pacientes que asiste, pero al llegar se encontró con el escenario dantesco que protagonizó la Metropolitana, y comenzó a colaborar con los médicos para sacar a los pacientes del patio. Mientras tanto, Laufer se reunía con su equipo en la Defensoría, para presentar un hábeas corpus colectivo que fue rechazado en primera instancia, apelado y resuelto por la Cámara del Crimen durante el mismo día.

La Defensoría exigía el cese de la violación de los derechos humanos de las personas internadas, el resguardo de su identidad psicofísica de todos los presentes en el Hospital y la no repetición de esos hechos por parte de la Metropolitana en el predio del Borda. La exigencia iba dirigida a Mauricio Macri, Guillermo Montenegro y Graciela Reybaud, y la Cámara del Crimen accedió a dar esa orden a los funcionarios del PRO.

Al resolver eso, la Cámara reconoció que esos funcionarios no sólo debían proteger la integridad de los pacientes, sino que eran los responsables políticos del operativo, capaces de hacerlo cesar –duró más de cuatro horas y estuvo televisado- y de garantizar que no se repitiera. A pesar de eso, el juez López no los consideró implicados, basándose en la regulación de la Policía creada por Macri, en donde se exime al Jefe de Gobierno de la responsabilidad por las acciones que la fuerza pueda llevar a cabo, algo que se contradice con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

Según indicó Brandana a Infojus Noticias, “se violaron todos los protocolos y tratados internacionales que protegen a esta población, que son personas particular y profundamente vulnerables por su discapacidad psicosocial, porque muchos están privados de su libertad –se encuentran internados en contra de su voluntad- y porque se encuentran en un establecimiento especial recibiendo atención a su salud mental”. El principio que indica la jurisprudencia internacional es que “a mayor vulnerabilidad, mayo profundización de los deberes espaciales de protección del Estado”.

Brasil fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir con el deber de cuidar y fiscalizar adecuadamente a un establecimiento privado de salud mental, en lo que se conoce como el caso “Giménez López”. Brandana consideró que el caso del Borda es muchísimo más grave, por el ingreso de una fuerza de seguridad del Estado a un establecimiento público para perpetrar una serie de delitos afectando directamente a los pacientes. “Es una violación flagrante y gravísima de los derechos humanos a la población más vulnerable que puede haber”, sentenció.

Víctimas procesadas

Entre los reprimidos, había cinco trabajadores que fueron citados a brindar a declaración indagatoria ante López. Habían sido detenidos el día de la represión, y concurrieron en septiembre a los tribunales. Por estas horas, varios de ellos aún no conocían la noticia de que estaban procesados, como Susana Bejarano, una enfermera del Borda que sufrió una lesión en su rodilla cuando un policía la vio en el suelo y fue a pisarla con sus borceguíes, según contó otra de las enfermeras procesadas, Cristina Díaz Alem, a Infojus Noticias: “Le hizo mierda la rodilla, y no lo digo en sentido figurado, le rompió la rodilla y le torció la pierna para el otro lado”.

Díaz Alem tiene una discapacidad y camina con bastón desde mucho antes de la represión en el Borda. Ahora está procesada. Es delegada del Hospital Garrahan y acudió al Borda cuando otros trabajadores alertaron a sus compañeros del gran despliegue policial y la presencia de las máquinas para demoler el ex Taller Protegido Nº19. Al llegar se situó en la tercera línea de los trabajadores que intentaban proteger a los pacientes del avance policial: “no fui al frente por mi discapacidad”, aclaró.

La policía se fue encima de los enfermeros y médicos, y Díaz Alem se protegió detrás de un árbol. “Tiraron gases y empezaron a disparar balas de goma”. Martín Roth, “el policía de boina que salió en todas las fotos disparando a los trabajadores a centímetros de distancia” se le fue encima y la tomó del brazo para tirarla al piso. “Entre él y otro policía me arrastraron doscientos metros hasta la línea de policía femenina”.

Después la detuvieron y la llevaron a la Comisaría 4ta de la Metropolitana. Allí estuvo detenida más de cinco horas, sin que ningún juez o fiscal supiera de ella. Cuando su abogada y sus compañeros preguntaron por ella, primero les dijeron que estaba en el Hospital Penna, y después que no sabían, pero recién reconocieron que estaba ahí cuando la abogada amenazó con presentar un hábeas corpus.

Además de Díaz Alem y Bejarano, estuvieron detenidos Carina Maloberti (trabajadora del SENASA), Belén Revollo (fotógrafa de En Movimiento TV) y Horacio Melnic (trabajador de Talleres Protegidos). López los procesó a todos, pero sobreseyó a Macri y los otros funcionarios del Gobierno porteño, que estaban acusados también de “daño agravado, lesiones, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona”. El único funcionario procesado fue Martín Roth, el policía señalado por todos los medios y que rápidamente fue apartado de la fuerza por parte del Gobierno porteño, aunque no era el que estaba a cargo del operativo.

La posición más PRO

Esta mañana, la vicejefa María Eugenia Vidal fue entrevistada por el periodista Víctor Hugo Morales en su programa de radio Continental. Allí se refirió a los sumarios que el Ejecutivo impulsa sobre los efectivos de la Metropolitana, iniciados por la presión de los legisladores de la oposición en la Ciudad, que interpelaron a varios funcionarios entre abril y mayo y presionaron por encontrar responsables políticos de la represión. Vidal se limitó a informar que los sumarios “siguen avanzando en la Procuración porteña”, pero que “son procesos lamentablemente más largos de lo que uno quisiera (sic), porque hay períodos de impugnación, períodos para descargos”.

Vidal también respondió una pregunta sobre el Centro Cívico que el macrismo pretende construir dentro del predio del Hospital Borda, para lo cual demolió el Taller Protegido Nº 19. “Depende de la resolución de la Justicia de la Ciudad”, afirmó, y agregó que “hoy está en la Cámara en lo contencioso administrativo, y tiene que decidir si es viable o no”. La Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero administrativo mantiene en vigencia un amparo en el que obliga al Gobierno de la Ciudad a  reconstruir el Taller derrumbado, empezando por retirar los escombros siguiendo los protocolos de seguridad adecuados para no contaminar la zona con el asbesto que tienen los restos de la construcción.

La Justicia ordenó que se retiraran los escombros el 22 de octubre, pero el gobierno porteño hizo oídos sordos. Después fijó una nueva orden para el 4 de noviembre, pero nadie del Ministerio de Desarrollo Urbano –cuyo titular es Daniel Chaín- se hizo presente. Obviamente, en ese marco, la Justicia rechazó la construcción del Centro Cívico en esos terrenos. A pesar de eso, y de que el predio es patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del ex Taller agrupados en la CTA denunciaron hace una semana que el Gobierno de Macri intenta retomar los trabajos de construcción del Centro Cívico en el predio.