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"Es un día histórico para la calidad institucional porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha tomado la decisión valiente e histórica de crear una Agencia de Inteligencia (AFI) destinada a cuidar y no a espiar a los argentinos”, dijo ayer el titular del organismo, Oscar Parrilli. El nuevo Sistema de Inteligencia Nacional basa su doctrina en mayores niveles de transparencia y control de las actividades de inteligencia.

La conducción política e institucional de las actividades de Inteligencia Nacional estará bajo la órbita de la Presidencia de la Nación. Y en materia de transparencia la normativa garantiza que la estructura institucional, los objetivos de inteligencia nacional y los presupuestos de gastos, serán de conocimiento público, excepto cuando pueda verse afectado el orden democrático, la defensa nacional, la seguridad interior o la labor de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, en cuyo caso podrán ser “secretos” o “confidenciales”.

En la nueva normativa la Inteligencia Nacional es considerada una actividad “dentro del marco del Estado constitucional social y democrático de derecho”, orientada a producir conocimientos “siempre en función de la protección y promoción de los intereses políticos, institucionales, sociales, económicos y culturales del pueblo argentino”. Esa es la impronta de la Nueva Doctrina de Inteligencia que puso en marcha el decreto 1311/15 publicado en el Boletín Oficial, con la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

La AFI será la cabeza de este sistema y tendrá a su cargo elaborar el Plan de Inteligencia para la Defensa Nacional y la Seguridad Interior, con los límites que fija la nueva Ley. No podrá, por ejemplo, producir información sobre las actividades políticas, culturales o sociales que realicen los ciudadanos, si éstas no involucran problemáticas defensivo militares o criminales, como el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas u otras expresamente contempladas.

En la defensa nacional, las problemáticas observadas abarcan los eventuales riesgos o conflictos generados por agresiones externas perpetradas por Fuerzas Armadas de otros Estados contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.

En lo que respecta a la seguridad interior, las mismas comprenden los fenómenos delictivos violatorios de las libertades y derechos de las personas y del Estado constitucional social y democrático de derecho. En concreto los delitos de relevancia federal como el terrorismo, los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática, ya sea de grupos políticos y /o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos y /o el orden constitucional. O de grupos económicos y /o financieros (empresas, bancos, compañías financieras, etc) que lleven adelante acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos por medio de corridas bancarias, cambiarias, desabastecimiento, “golpes de mercado”, etc. Entre otros, también se observarán las acciones que atenten contra la ciberseguridad, los delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas informáticos, de redes, etc.

El personal de inteligencia, que contará con nuevos escalafones y niveles de profesionalización, estará abocado a producir conocimiento obtenido de “fuentes públicas o reservadas” para elaborar un “cuadro de situación”. Esta información será brindada a la presidencia de la Nación, los ministerios de Seguridad y Defensa, y otras dependencias gubernamentales que gestionen aspectos relevantes para la Inteligencia Nacional.