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En el edificio anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, se realizó hoy una jornada de capacitación interna para aceitar una política pública de alto impacto: la de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Se trata de una red que funciona en barrios y localidades del país, recibe las demandas de los sectores más vulnerables y agiliza respuestas. “El concepto de acceso a la justicia que nosotros manejamos es mucho más amplio de lo que se entiende por usualmente. La entendemos como justicia social. Por eso se trata de mucho más que asesoramiento jurídico, sino de una caja donde tienen que ir a parar todas las inquietudes de la gente”, dijo en la mesa de apertura de la jornada Florencia Carignano, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

“Nosotros somos la cara de la Presidenta en los barrios, debemos encargarnos de llevar las políticas públicas a los barrios. Y es una responsabilidad muy grande, porque cuando la gente va a vernos, cree que le vamos a dar todas las soluciones, y nosotros tenemos que dárselas”, destacó la funcionaria.

De esta jornada de capacitación participaron unos 150 trabajadores de los 14 CAJ que funcionan actualmente en la provincia de Buenos Aires. El objetivo nodal del encuentro: lograr fluidez entre esas oficinas -enclavadas en territorios bonaerenses sensibles- y los organismos institucionales con los que articulan en el trabajo cotidiano. “Estas capacitaciones se pensaron, además, para que los compañeros de La Plata expliquen las herramientas y metodologías de funcionamiento hacia el resto de los compañeros de la provincia de Buenos Aires”, explicó Carignano.

Florencia Carignano, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.  

En los CAJ, no sólo hay asesoramiento jurídico, sino contención psicológica, resolución de conflictos entre vecinos a través de la mediación comunitaria, y agilización de trámites para nativos y migrantes. “Sin embargo, con solo abrir, uno no garantiza el acceso a estos derechos. Por eso necesitamos de la política: necesitamos de los militantes, de los líderes barriales, para lograr no que todos seamos iguales, sino que todos tengamos las mismas posibilidades”, concluyó Florencia Carignano, la subsecretaria de Acceso a la Justicia.

En la misma mesa de apertura tomaron la palabra representantes del Poder Legislativo y explicaron la importancia crucial de los CAJ en sus jurisdicciones. “Es muy importante el impacto de los CAJ en los territorios. En Ramallo, por ejemplo, cuando fuimos a hablar con los vecinos, nos decían que habían ido a las oficinas de ‘Justicia para todos’. Eso es un lindo ejemplo de cómo nos ven en los barrios”, dijo Cecilia Comerio, senadora del FpV por San Nicolás. “Articulando con los CAJ, hasta hemos encontrado a personas que estaban desaparecidas, y eran buscadas por su familia. ¿Quién iba a pensar que desde una oficina íbamos a lograr eso?”, se preguntó la legisladora.

“Cuando hay una necesidad, no puede haber un teléfono que no atienda”

Le siguió la diputada Rocía Giaccone, de Junín, también de FpV. “Por la responsabilidad que tenemos nosotros de ser legisladores, les quiero asegurar que para mí es el más importante de los organismos que hay de apoyo a los legisladores en el territorio”, dijo la diputada. En una exposición sólida, dio consejos prácticos a los trabajadores de los CAJ sobre cómo ser más eficientes: “Cuando hay una necesidad, no puede haber un teléfono que no atienda. Tenemos que hacer hervir los teléfonos, no claudicar, para dar respuesta a sus necesidades”, arengó.

El tercer orador fue el diputado de la sección séptima, César Valicenti. “El CAJ es otro emergente institucional del kirchnerismo. Un Estado que ahora tienen otras expresiones, que se aggiorna. El desafío es que a estas estructuras se las apropie el vecino y el pueblo. Esto nos tiene que trascender, dentro de 50 años tiene que haber CAJ. Pero para eso –además de defenderlo nosotros en la cámaras legislativas-, lo tiene que defender el vecino al que le ha resuelto el problema”, destacó el legislador.

También habló de las implicancias de las políticas públicas en la contención de emergentes actuales, que están en la agenda mediática y sobre las que a menudo se hace un uso político. “Cuando se nos achaca la temática de la violencia, esas lecturas no tienen en cuenta que eso es producto de un Estado desarticulado del modelo neoliberal de los ‘90, de un Golpe de Estado de hace 30 años, y ahí es donde el CAJ se convierte en un lugar clave para contener las demandas sociales”.

El cierre de esta mesa inaugural estuvo a cargo del concejal kirchnerista de La Plata Martín Alaniz. Habló del aluvión de consultas en los dos centros de la capital provincial después de la gran inundación del 2 de abril. “En La Plata hay un CAJ en Villa Elvira, desde 2011, y otro en San Carlos. En ese abril trágico, recibimos 1800 consultas en uno y casi 700 en otro. Eso significa que los CAJ se convirtieron en actores políticos y sociales en los barrios”, dijo el concejal.

Las mesas expositoras se establecieron en el salón “Eva Perón” del edificio anexo del Senado provincial (una sala de arquitectura neoclásica con enormes columnas, barandas ornamentadas y una cúpula con vitraux). En el primer panel, centrado en políticas de seguridad social en la provincia, expusieron funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense (Fabián Jayat, director de Planificación y Gestión), del ANSES (Inti Pérez Aznar, jefe Regional de la delegación Conurbano II) de Pami (Mariano Cardelli) y del programa SUMAR (Esteban Sosa, responsable del área de capacitación). Los funcionarios refirieron a las gestiones institucionales y a las posibilidades de articulación real con los CAJ para acercar soluciones –del orden jurídico, psicológico, social- a la vida cotidiana de la gente.