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Pedro Federico Hooft, el juez de Mar del Plata suspendido y sospechado por su accionar durante la dictactura, tenía que declarar hoy a la mañana ante el Juzgado Federal N° 1 a cargo de Martín Bava. Desde agosto del año pasado evita cumplir con la citación judicial.  Una estrategia de sus abogados volvió a retrasar la declaración indagatoria prevista para hoy, que fue cancelada. A partir de un recurso presentado por la defensa, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata pidió que se remita la causa desde el juzgado de instrucción, para resolver sobre los planteos de nulidad hechos por los abogados de Hooft.

Las dilaciones evitan, otra vez, que Hooft se siente a prestar declaración indagatoria (desde la primera en noviembre del 2011) y ahora tienen un nuevo capítulo. La defensa del juez de Mar del Plata se ocupó, primero, de convertirlo en una figura controvertida No sólo niega las imputaciones sino que hace uso de los reconocimientos internacionales, reivindica sus fallos durante la dictadura y lo protege con las voces que salieron a respaldarlo. 

En otras dos oportunidades, la defensa de Hooft ya había alegado nulidades que ahora deberá resolver la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por Alejandro Tazza y Jorge Ferro. En los últimos días circuló la grabación de una charla entre el fiscal Claudio Kishimoto y el hijo de Hooft, que es también abogado y participa de la defensa. Se trata de una conversación informal donde Kishimoto supuestamente reconocería presiones y falta de objetividad en la investigación. Los abogados de Hooft aprovecharon esta grabación para acusar al Ministerio Público Fiscal de falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.

César Sivo, abogado de la querella en el juicio contra Hooft, explicó a Infojus Noticias que “en un programa de Magdalena Ruiz Guiñazu el juez reconoció públicamente que iba a centros clandestinos y que veía a los detenidos ilegales. Dijo que también iban otros jueces, y a partir  de esa confesión extrajudicial se pidió el extracto de la grabación y se empezó el proceso penal. Es muy difícil comprender cómo Hooft dice ahora que esto es una causa armada”.

Suspendido en sus funciones desde marzo por el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, Hooft presentó la denuncia ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que deberá resolver los planteos antes de tomarle declaración en el juzgado de primera instancia. Para eso, la Cámara lo citó con fecha previa a la audiencia de hoy. Pero la defensa de Hooft presentó un escrito excusándolo y pidió una nueva cita. Ahora hay que esperar hasta el 10 de junio a que la Cámara resuelva y la causa pueda volver a manos del juez Bava.  

Para el abogado Sivo “lo más deleznable es que un abogado grabe a un funcionario judicial, porque eso rompe el acuerdo de probidad y lealtad. Tanto la defensa como la querella hablan permanentemente con el Ministerio Público Fiscal y cambian impresiones sobre el procedimiento. Lo que intenta Hooft es desnaturalizar el proceso, vender información para la prensa, ensuciar y entorpecer la investigación”.

El contenido de la grabación, por el modo en que fue obtenida, difícilmente pueda ser usado en una causa. Según Siva, no es posible saber “si el fiscal es amigo del hijo del imputado, si lo hizo en complicidad o coaccionado. La grabación es subrepticia y viola los procedimientos. Lo hacen para asegurarse la impunidad y repiten lo mismo que hacían en la dictadura, ensuciando a las víctimas y poniendo en tela de juicio al poder judicial. Hooft se burla de la Justicia”.  

Sivo ya había pedido al Juzgado Federal número 3 de Mar del Plata la detención del juez para prevenir una posible fuga. Su “conducta procesal no demuestra que tenga voluntad de someterse al proceso” subrayó. Entre los delitos que se le imputan está el rechazo de hábeas corpus de los abogados laboralistas secuestrados en la Noche de las Corbatas, entre el 6 y el 13 de julio de 1977. En ese momento Hooft era juez de turno en Mar del Plata. En el caso de Jorge Candeloro y su esposa Marta García, el juez rechazó el habeas corpus incluso antes de que la subzona militar N° 15 contestara si sabía algo de las víctimas. Marta es una de los testigos más importantes en el caso. Ella estuvo secuestrada en el centro clandestino La Cueva y después pasó a la comisaría N° 4 de la ciudad balnearia. Ahí vio a Hooft y le gritó su nombre y el de su marido. El juez ya tenía en su poder los pedidos de habeas corpus. Pedro Barda, jefe de la subzona N° 15 le mandó un comunicado donde decía que “el delincuente subversivo Jorge Candeloro fue abatido por las fuerzas militares al intentar escapar de las fuerzas de seguridad”. Hooft no pidió más información, no investigó la muerte ni solicitó el cuerpo para entregarlo a su familia.