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Desde hoy el fiscal a cargo de la causa que investiga crímenes del franquismo es Ramiro González. La semana pasada, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría le aceptó la excusación al fiscal saliente Federico Delgado. “Esperamos que con esta nueva incorporación la querella tenga un nuevo impulso”, dijo a Infojus Noticias la querellante Adriana Fernández. “Delgado desde un primer momento desestimó la causa. Ahora estamos más esperanzados”, agregó.

“Hace unos meses abogados y querellantes tuvimos una entrevista con la procuradora Gils Carbó y con la Procuraduría de lesa humanidad ya que la actividad del anterior fiscal, Federico Delgado, era completamente nula”, dijo a Infojus Noticias el abogado querellante en Argentina, Máximo Cástex.

El fiscal González tendrá que tomarse un tiempo para estudiar los 40 cuerpos que tiene la causa y que empezó en abril de 2010. En ese momento, familiares directos de víctimas del franquismo iniciaron una denuncia penal en el juzgado de Servini de Cubría. La presentación es extensible a decenas de miles de personas asesinadas desde el comienzo de la Guerra Civil española (1936-1939) hasta el 15 de junio de 1977. Empezó con una decena de casos y ahora alcanza a 150 víctimas. La querella denunció a oficiales militares alzados de la falange española, en lo que "constituyó un plan sistemático generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar españoles partidarios de la forma republicana".

Meses posteriores a la presentación de la querella, hubo una serie de contratiempos judiciales. A principios de la causa, el fiscal Delgado consideró que era improcedente la judicialización en Argentina. Una de las razones que esgrimió fue que España ya estaba investigando. A su vez, Servini de Cubría dijo que no podía trabajar sin fiscal. La causa se elevó a la Cámara Federal de Casación y le ordenó a Servini de Cubría averiguar si realmente se estaba investigando en el país europeo.

En octubre de 2010, el juzgado argentino envió al gobierno español un pedido de informe y recién un año después respondieron. La Fiscalía General de Estado de España emitió un informe sin firma con documentos del Ministerio de Justicia español. En esos papeles, también sin firma, se decía que se habían tramitado e investigado distintos casos, todos archivados. La querella se ocupó de objetar punto por punto lo dicho por el gobierno español. La presentación recibió apoyos de todo el mundo, incluidos Amnesty International.

En España nunca hubo causa contra los crímenes de la guerra civil española ni los hechos de la sangrienta dictadura de Francisco Franco (1939- 1975). El juez español Baltasar Garzón había empezado a investigar a los exfuncionarios franquistas pero lo suspendieron en 2010 y lo inhabilitaron en febrero de 2012 y no pudo avanzar. “No hay ninguna investigación efectiva. El Tribunal Supremo español definió en marzo de 2012 que no era posible esa investigación", dijo Garzón el año pasado.