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La justicia española retiró hoy las medidas cautelares que había impuesto al ex inspector de policía Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño", tras la negativa del fiscal y del acusado de que sea entregado a la justicia argentina, que lo reclama por torturas cometidas durante la dictadura franquista.

La decisión implica que el presunto represor ya no debe comparecer cada quince días en comisaría, se le devuelve el pasaporte y se levanta la prohibición de salir del país.

La semana pasada, el Ministerio Público español se opuso a la entrega de el ex capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, pero la justicia, que debe decir sobre la extradición, no tomó ninguna medida.

La jueza argentina María Servini de Cubría reclamó a los dos ex agentes de seguridad en septiembre de 2013, en una decisión histórica a raíz de la querella presentada en Argentina por familiares y víctimas de la guerra civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).

Durante una nueva audiencia pública celebrada hoy en la Audiencia Nacional de España, la fiscalía reiteró su negativa a la extradición de González Pacheco, quien tampoco acepta ser entregado a la justicia argentina.

"Billy el Niño", de 67 años, logró evitar a los manifestantes llegando a primera hora a la Audiencia Nacional, pero desde el interior del tribunal pudo igualmente podía oro los gritos de los familiares y víctimas que reclamaban "Justicia para los torturadores".

La jueza argentina imputó a González Pacheco por torturas contra 13 víctimas, que aún recuerdan su brutalidad durante detenciones que tuvieron lugar entre 1971 y 1975 en las cárceles madrileñas de Yeserías y Carabanchel.

En diciembre de 2013, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz había prohibido la salida del país de González Pacheco y Jesús Muñecas, quienes también debían comparecer de forma semanal. En las próximas semanas, la justicia española decidirá si aprueba o no la extradición de los dos presuntos represores.

No obstante, el gobierno español de Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), tiene la última palabra, puesto que debe ratificar o rechazar la decisión.

La causa abierta en Argentina en 2010 investiga los crímenes de lesa humanidad y/o genocidio cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, período que va más allá de la muerte del dictador Francisco Franco, fallecido el 20 de noviembre de 1975.

Al imputar a los ex agentes de seguridad españoles, Servini de Cubría señaló que los crímenes del franquismo son imprescriptibles, y defendió su competencia para investigar puesto que cabe aplicar el principio de jurisdicción universal para evitar que puedan quedar impunes.