Infojus Noticias

Como lo había adelantado en la sentencia, el Tribunal Oral Federal N°3 hizo una fuerte crítica al juez federal Daniel Rafecas, a la fiscalía y al ex imputado Mario Pontaquarto. El TOF dio a conocer ayer los fundamentos de la sentencia en la que absolvió a los ocho acusados por el supuesto pago de coimas a senadores durante el gobierno de la Alianza para aprobar la Ley de Flexibilización Laboral en abril de 2000.

Durante los 14 meses que duró el juicio, los jueces Gerardo Felipe Larrambebere, Miguel Guillermo Pons y Guillermo Andrés Gordo escucharon a más de cien testigos entre los que estuvieron el ex vice presidente Carlos “Chacho” Álvarez y el periodista Joaquín Morales Solá.

Además del ex presidente, estuvieron imputados el ex titular de la SIDE, Fernando de Santibañes; el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. También el ex secretario parlamentario, Mario Pontaquarto, que inició la causa con su relato. En diciembre de 2003, declaró ante Rafecas que había entregado el dinero a los senadores justicialistas. Entrevistado por Infojus Noticias, se definió como un “corrupto”.

También se sentaron en el banquillo de los acusados cuatro ex senadores justicialistas: Alberto Tell, Remo Costanzo, Ricardo Branda y Augusto Alasino. Los acusaron de haber recibido los sobornos. Otros dos involucrados no llegaron al juicio: el salteño Emilio Cantarero, por su estado de salud, y el radical mendocino José Genoud, que se suicidó en 2008.

A lo largo del juicio, todos los imputados salvo Pontaquarto criticaron la instrucción de Rafecas. El TOF dijo que Rafecas tenía los “objetivos preordenados de procesar a un ex presidente de la Nación y a las autoridades de los bloques mayoritarios que, para el año 2000, conformaban el Senado de la Nación". Para los jueces Pons, Ramírez y Gordo, Rafecas "manipuló" la versión de Pontaquarto y la declaración de testigos

El impulsor de la causa, Pontaquarto, criticó la sentencia del TOF: “Así está la Justicia, los que denunciamos terminamos investigados, ¡qué maravilla!”, soltó irónico en su cuenta de Twitter. Durante todo el día el “arrepentido” tuvo su teléfono celular apagado. El TOF pidió que la actuación del abogado de Pontaquarto,  Hugo Wortman Jofré, sea examinada por el Tribunal de Ética. Wortman Jofré también es abogado del Grupo Clarín.

Después de la sentencia, días antes de Navidad, De la Rúa se mostró a favor del fallo: “Todo formó parte de una infamia de principio a fin. Fue un complot para terminar con mi gobierno”. Su abogada, Valeria Corbacho, le dijo a Infojus Noticias: “Es un fallo esclarecedor que no me sorprende. Celebro que haya esta independencia de los jueces, que puedan decir las cosas como son”.

El abogado del ex titular de la SIDE Gabriel Presa también le habló a Infojus Noticias sobre las irregularidades en el proceso de la instrucción: “La causa, el juicio fue una operación inteligentemente armada. Nosotros lo dijimos desde el primer día porque nunca hubo pruebas de nada y ninguna certeza”.

El ministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique, fue beneficiado en la última parte del juicio. La fiscalía y la Oficina Anticorrupción pidieron su absolución. Su abogado, Carlos Varela Álvarez, opinó sobre los fundamentos: "Es importante como el tribunal desmenuza todos los argumentos de la fiscalía y la querella. Hace una crítica muy dura contra ellos, porque dice que siempre se apoyaron en supuestos. Hay páginas completas que habla de lo dicho por la fiscal, que utilizó la palabra posible  y para acusar se necesita la certeza", dijo a Infojus Noticias.

Desde la fiscalía, le respondieron a Infojus Noticias que es prematuro dar una opinión de los fundamentos por ser un documento muy voluminoso y todavía están analizando sus más de 2600 páginas. También adelantaron que la fiscal Sabrina Namer presentará la apelación en la Cámara Federal de Casación Penal. La Oficina Anticorrupción tampoco se pronunciará sobre los fundamentos.

El TOF remitió la sentencia al Consejo de la Magistratura para que el organismo determine si Rafecas será sancionado y le apliquen juicio político por la instrucción de los hechos.