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El domingo pasado, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, intervino en un allanamiento a un bar prostíbulo realizado en Alvear, Santa Fe, en forma conjunta con la Delegación de la Policía Federal de la provincia. En el establecimiento, había 15 mujeres en presunta situación de prostitución y, por ello, tres personas –Marcela Fernanda Rey, Diego Hernán Stankoff e Iván Franco Serrano– quedaron demoradas, pero el juez federal de Rosario, Marcelo Martín Bailaque, no ordenó su detención. El motivo: “(Que) no se han podido recabar elementos de prueba suficientes a los fines de proceder a indagarlos”.

Entre las razones de la decisión judicial se encuentra, aseguró, la carencia del informe confeccionado por la Oficina de Rescate. La razón despierta la atención: ese documento es realizado por las mismas profesionales que participan de los procedimientos y, por lo tanto, esas personas se encontraban acompañando a las víctimas en ese lapso de tiempo. La liberación, advierten desde el Programa, pone en riesgo a las mujeres que eran explotadas en el lugar, testigos fundamentales para la causa que aún no prestaron su declaración indagatoria.

“El hecho de dejar libres a los responsables de la explotación de las mismas, pone en riesgo a las mujeres y a sus familias. La decisión tomada por el magistrado deja a las víctimas a merced de sus explotadores, quienes conocen sus domicilios particulares, pudiendo presentarse a fin de aleccionar sus relatos al momento de prestar declaración testimonial”, comunicaron desde el organismo.

Las mujeres fueron rescatas del bar prostíbulo ubicado en la ruta provincial N° 16, a la altura del kilómetro 4,5. De nacionalidad argentina y mayores de edad, las víctimas fueron entrevistadas de forma individual y confidencial. La oficina del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación informó que “muy pocas habrían finalizado la educación básica formal debido a que habrían tenido que contribuir tempranamente con la economía familiar en sus respectivos lugares de origen, además de hallarse exclusivamente al cuidado de sus hijos, siendo las únicas encargadas de su manutención”.

Su situación de vulnerabilidad las llevó a ingresar al circuito prostibulario. La mayoría de las mujeres refirió conocer quiénes serían los responsables del lugar así como al personal de seguridad. Según la oficina de rescate, “la actividad prostituyente que se llevaba a cabo en el local era el de ‘copas compartidas’ y ‘pases’, sobre cuyo valor los dueños retenían un porcentaje igual o superior al 50 por ciento. Además de realizarse ‘pases’ en el interior del local, las víctimas eran enviadas a hoteles cercanos o a los vehículos de los clientes para realizarlos. Era habitual aplicarles a las mujeres prostituidas multas y sanciones por diversas razones”.

En ese contexto, las víctimas reconocieron que sentían temor ante la presencia de determinados clientes, identificados por ellas como “narcotraficantes, sicarios, gendarmes y policías”. El Programa Nacional de Rescate ofreció su resguardo pero las mujeres se negaron y optaron por regresar de forma urgente junto a sus familias. De todos modos, recibirán acompañamiento al prestar declaración así como tendrán a disposición al equipo del organismo ante cualquier situación que las inquiete.

Por el allanamiento, resultaron detenidas tres personas: Marcela Fernanda Rey, Diego Hernán Stankoff e Iván Franco Serrano. Según fuentes oficiales, uno de los responsables de la explotación de las víctimas sería funcionario público. Además, se sospecha que las personas acusadas de explotar sexualmente a las mujeres podrían conformar una organización delictiva.

Ahora, los tres demorados están libres. Desde el organismo, resaltaron que el informe que realizan remite a la situación en que se encontraban las víctimas al momento de las entrevistas así como otras cuestiones relevantes para la causa. Sin embargo, advirtieron que “de ningún modo la falta de entrega del mismo podría ser causal para determinar la libertad o prisión de los imputados”.

Ante similares situaciones de premura por parte de los jueces, se dispuso que las profesionales del Programa Nacional de Rescate presten declaración testimonial inmediatamente después del allanamiento, así como la toma de declaración a las víctimas rescatadas en los distintos procedimiento.

LL