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El fiscal de Instrucción Julio Rivero, de la provincia de Córdoba, presentó un habeas corpus colectivo en defensa de 144 detenidos de los pabellones 1 y 2 de la Unidad Penitenciaria N° 6 de Río Cuarto, que viven en condiciones de higiene y salubridad lamentables. El fiscal tomó conocimiento de la situación del penal a partir de la denuncia hecha por el legislador del Frente Cívico y Social, Roberto Birri. En el escrito, Rivero asegura que los presos se encuentran hacinados en celdas de “reducidísimas dimensiones” y que atraviesan serios inconvenientes de seguridad e higiene.

Según se desprende de la presentación judicial, el titular de la Fiscalía del Cuarto Turno, realizó una recorrida de 5 horas por el penal el día 28 de mayo de este año. Allí pudo comprobar la “deteriorada infraestructura del edificio”, así como la existencia de “chinches de colchón”. En el escrito asegura que en una celda de 9 metros cuadrados llegan a convivir siete personas, y que de 455 internos, el 55 por ciento está procesado, es decir “sin condena”, o “preso por las dudas”, explica el fiscal.

“Que en una celda del Pabellón N° 2 de la cárcel (por caso la Nro. 5) de reducidas dimensiones, como se constatara, convivan 8 personas”, plantea Rivero, “es la penosa consecuencia de un sistema carcelario vetusto y agotado que requiere de una definitiva respuesta de la administración acorde a un Estado Democrático de Derecho.” Solicitó al juez el dictado de un “habeas corpus colectivo y correctivo”, en los términos del artículo 3° inciso 2° de la Ley 23.098, por “agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad”.

En su denuncia, realizada a mediados de mayo, el legislador Roberto Birri había pedido la imputación del funcionarios del gobierno provincial, entre ellos el gobernador José Manuel de la Sota y la ministra de Justicia, Graciela Chayep, así como de funcionarios del servicio penitenciario, por considerar que hubo delito de abandono de persona e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Sin embargo, el fiscal consideró en su presentación que no se configuraba la existencia de un delito por lo que requirió “desestimación y archivo de la denuncia penal”.

“Si bien el fiscal no efectuó una imputación penal contra una serie de funcionarios, como nosotros pedíamos, sí dio por acreditada la falta o carencia de una estructura adecuada, además del estado de hacinamiento y de superpoblación que afecta a los internos”, manifestó el legislador Birri a los medios.

El pedido de habeas corpus quedó radicado ante el Juzgado de Control y Garantías de Río Cuarto, a cargo de Daniel Muñoz. Si resuelve a favor de los detenidos, podría lograr que mejoraran las condiciones del penal o que sean trasladados a otra dependencia, con la finalidad de reducir el hacinamiento.