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La tarde de domingo que lo mataron de un balazo en la cabeza, Santiago Pellegrini andaba en patineta junto con su prima en la vereda de su casa, en Gonnet. Fue el 6 de diciembre de 2009, a las cuatro y media de la tarde, cuando quedó en el medio de un ataque de cinco hombres contra otro grupo que paraba en la esquina de su casa. Murió esa misma noche, a sus ocho años, mientras lo operaban de urgencia en el hospital municipal de esa localidad del partido de La Plata. Cinco años después, luego de una investigación judicial deficiente y fragmentada, sólo dos de los cinco sospechosos tras las rejas, y uno de ellos con prisión domiciliaria. La semana pasada, la Cámara de Apelaciones de La Plata sumó su poroto para un escenario que se parece mucho a la impunidad: bajó la calificación del ex policía Juan Manuel Mateos de coautor a encubridor, y lo dejó en libertad. “Se murió un nene y están todos sueltos, nadie se hace cargo de nada”, dijo a Infojus Noticias Cecilia Caretti, la abogada de la familia Pellegrini.

En el auto –un Ford Ka- que trasladaba a los atacantes iban cinco personas: los hermanos Adrián “Oreja” y Jonatan Emanuel “Bebe” Martínez, el policía bonaerense –entonces en actividad- y dueño del vehículo Juan Manuel Mateos y dos mujeres, Antonella Arévalo –hermana de la novia de Mateos- y su concubina María Haydee Calcaterra.

Según el relato de los testigos, los hermanos Martínez bajaron empuñando las armas y abrieron fuego, a pesar de que Santiago y otros niños correteaban en la vereda. Algunos testigos dijeron que Mateos también bajó del auto y también tenía un arma, aunque no lo vieron disparar. Otros lo ubicaron en el lugar por su apodo: el “Pelusa”. Él declaró como coartada que estaba en la casa de la suegra y sólo prestó el auto. Javier Bringa, uno de los destinatarios de las balas, salió corriendo cuando vio que los atacantes estaban enfierrados. El padre de Santiago estacionaba el auto en ese momento. Santiago corría a recibirlo cuando cayó baleado.

- ¿Qué hiciste, hijo de puta?- gritó desesperado su padre. Los matadores subieron al auto en marcha, que conducía Antonella Arévalo, y desaparecieron. El hombre cargó a Santiago en un vehículo y lo llevó al hospital. Era tarde.

Los huecos del expediente

La explicación del enfrentamiento que dieron en la fiscalía atacantes y agredidos es que se trataba de una disputa personal. Sin embargo, una fuente de la investigación sugiere otra cosa: “Varios dijeron que era una disputa por venta de drogas. Casi todos los testigos viven en el barrio, algunos han sufrido amenazas, balaceras en la casa, por eso no lo dicen en los despachos judiciales”.

La investigación judicial que instruyó el fiscal Tomás Morán –hasta hace cinco meses, cuando asumió su Unidad Fiscal Betina Lacki- es un intrincado juego de recursos procesales con muchos agujeros negros. Adrián Martínez fue detenido en los días siguientes y su hermano Jonatan Emanuel fue detenido en febrero de 2010, herido por otro golpe. También fueron detenidos Mateos y a Arévalos.

Allí empezó la danza de las calificaciones. El fiscal Morán procesó a Adrián Martínez por homicidio y a su hermano Emanuel por homicidio en grado de tentativa. A Juan Manuel Mateos lo imputó por encubrimiento, al igual que a Arévalo. Pero Morán hizo algo más: dividió la investigación en dos; elevó a juicio a los hermanos Martínez y dejó al resto en otra causa que sigue instruyéndose.

La fiscal de juicio, María Elena de la Cruz, consensuó con la defensa oficial de los Martínez un juicio abreviado: aceptaban la culpa a cambio de penas más leves. Fue en junio de este año. De la Cruz pidió 12 años para cada uno, pero el tribunal oral criminal 3 –en rigor Ernesto Domenech, ya que un solo juez basta en este tipo de juicios- tuvo una mirada distinta: sin siquiera notificar a la letrada de la familia, condenó a 10 años a Adrián Martínez por homicidio y a Emanuel le cambió la caratula y le dio 2 años por abuso de arma. A pesar de que los testimonios afirmaban lo contrario, consideró que no estaba probado que hubiera disparado. Los sabuesos no recuperaron las armas, pero en el lugar del tiroteo se encontraron vainas servidas de dos calibres distintos, y los testigos no vieron a ninguno disparando como en el lejano oeste, con dos armas a la vez. Emanuel Martínez ya está libre.

En la causa residual, a pesar del pedido de los particulares damnificados (querella) de imputar a Arévalo como partícipe necesario -había llevado, esperado, y ayudó a profugarse a los tiradores-, Morán la procesó por encubrimiento. También a Mateos. Hace cinco meses, la fiscal Betina Lacki lo reemplazó en la UFI 2 y revolvió el avispero. Le cambió la calificación al policía Mateos de encubridor a coautor, y en julio mandó a detenerlo junto con María Haydee Calcaterra, que iba en el auto y a quien Morán había llamado ni siquiera como testigo.

El abogado de Mateos, Julio Beley, apeló y la sala primera de la Cámara de Apelaciones le dio la razón: lo consideró encubridor y le quitó la prisión preventiva. A pesar de un reconocimiento y varios que lo nombran por apodo, la Cámara “concluyó que no lo habían reconocido por rueda de reconocimiento”, afirmaron desde la fiscalía. En la misma resolución eximió de prisión a Antonella Arévalo. El juez de garantías Juan Pablo Massi cambió la prisión preventiva que tenía María Haydée Calcaterra por domiciliaria por tener dos hijos menores de 5 años.

El ladrón de la secretaría

Mateos todavía era agente de Narcocriminalidad cuando participó del ataque que terminó con la muerte de Santiago. Recién sería exonerado de la bonaerense con el escándalo delictivo que protagonizó 25 días después. El 30 de diciembre de 2009, él y un vendedor de mercachifles entraron a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense a punta de pistola, maniataron con precintos plásticos a diez personas –entre ellos, a la titular Sara Derotier de Cobacho- y se llevaron el contenido de la caja fuerte, objetos electrónicos y la jubilación de la Secretaria. Mateos cayó detenido pocos días después y declaró que le vendió los equipos por 3.000 pesos.

El caso viró hacia zonas más grises: una semana después del robo, en un quinto piso céntrico de La Plata, se encontraron el juez César Melazo, el jefe de la policía Departamental, un buchón de la policía, el anfitrión y el otro ladrón -Gastón De Rito, hasta entonces prófugo- que ofreció devolver el botín a cambio de mejorar su situación penal y la de Mateos. De Rito dijo en ese cónclave que el monto robado era de 190.000 pesos –mucho más que una jubilación- y acusó de ser el entregador al chofer del subsecretario, Fernando Cano. Cuando prometía convertirse en un escándalo, el caso fue resuelto sigilosamente por el fiscal Marcelo Martini y los defensores de los acusados en un juicio abreviado. Las sospechas de un robo cantado y corrupción nunca se confirmaron. En julio de 2011, el propio juez Domenech condenó a Mateos a cuatro años de prisión y a su cómplice, Gastón Derrito, a tres años de ejecución condicional. Ahora está libre de culpa y cargo.