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Sobre la recta final del juicio oral por la Masacre de La Cárcova, se reprogramaron las audiencias del debate. El cambio se debe a que no se presentaron dos testigos y tampoco fueron encontrados por la fuerza pública, todavía. La defensa de uno de los dos policías acusados por homicidio contra Mauricio Ramos, Franco Almirón, y por “homicidio en grado de tentativa” contra Joaquín Romero, consideró “indispensable” contar con la declaración de estas dos personas, cuya identidad es reservada. Buscaría insistir con la idea de que hubo un enfrentamiento, aunque no se encontraron en el lugar más balas que las que disparó la policía en su afán por defender al tren carguero que había descarrilado.

El Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Martín, que preside el juez Gustavo Garibaldi, decidió que el lunes habrá una nueva oportunidad para que se presenten. Los alegatos se pospusieron: los de la fiscalía y los particulares damnificados serán el martes, los de la defensa del policía Gustavo Vega el jueves y los del defensor de Gustavo Rey, el otro policía acusado, serán el viernes. El juez ya anticipó que pedirá más tiempo para presentar los argumentos. Se especula que el veredicto podría conocerse ese mismo viernes.  

El defensor de Rey apunta que su cliente no fue debidamente reconocido. Cumplía funciones en la Policía Buenos Aires II, en moto. Es un muchacho casi tan joven como los chicos que murieron. El día en que declararon los familiares y amigos del “Pela” Ramos y del “Gordo” Almirón, Rey ejerció su derecho a retirarse de la sala. Quienes lo vieron en el lugar dicen que no tenía el casco puesto, y que tenía unos anteojos de sol. Salvo alguna excepción, la mayoría de los testigos dijo que no vio personas con casco entre los uniformados.

En la audiencia del lunes podrían hablar los acusados. Ellos pueden hacerlo en cualquier momento del debate y todavía no dijeron nada. Sólo dejaron ver gestos: la ausencia de Rey el día que declararon los testigos que lo inculparon y la mirada que Vega sostiene hacia Joaquín todos los días. “Me mira fijo. Se piensa que me va a asustar. Yo no tengo miedo”, contó el fusilado que vive.

No es común que llegue a juicio oral un caso en el que dos policías están acusados de matar a dos adolescentes humildes, y dejar gravemente herido a uno de ellos. La trama que envuelve la investigación por parte de la policía, más las habituales simpatías con funcionarios judiciales, suelen dificultar el acceso a la justicia a quienes son agredidos por uniformados.

Sin embargo, a tres años de los hechos, los policías están sentados esperando que el peso de la ley caiga sobre ellos, con sus defensores garantizados y sus chalecos antibalas. Vega está acusado de disparar contra Joaquín, y su defensor es el doctor Lagares, el defensor público que le tocó. Él es quien insistió con la importancia de que se presenten los testigos que faltaron. Si bien su identidad es reservada, se presume que buscará abonar a la hipótesis de que hubo un enfrentamiento.

Vega fue acusado por otro policía, Ignacio Azario, de haber hecho detonaciones con munición de plomo. Su defensa también apunta a señalar que Azario declaró presionado por sus jefes: el jefe de la Policía II Jorge Antonio Cortez y Mario Briceño, que fue jefe de la Departamental de San Martín, hasta que lo removieron por acusaciones del vicegobernador Gabriel Mariotto respecto de este caso. Y porque en el informe de la Comisión Bicameral del caso Candela aparecía ligado a la protección del reconocido narco de la zona, “Mameluco” Villalba.

Balas de un solo lado

Según los resultados de las autopsias, las dos víctimas tenían heridas de “postas de guerra” –balas de plomo- disparadas con escopetas calibre 12/70 de la policía bonaerense.  A Mauricio y a Franco les apuntaron desde más o menos 12 metros, al comienzo del tren, en la esquina. Estaban escondidos atrás de una pila de chatarra, cuando tiraron una bomba de gas que los hizo tratar de correr. Ahí les logró apuntar Rey. Ya se habían cruzado un rato antes, cuando entraron dos motos por la calle Aguado. Joaquín Romero contó que vio salir a Vega “de entre los pastos” y lo apuntó. La distancia era de unos 15 metros, según afirman las pericias.

No hubo policías heridos, más allá de uno que se fue a su casa a ponerse hielo en el pie porque le habían dado un piedrazo. Los peritos que trabajaron sobre los móviles policiales que dejaron estacionado  atrás del tren que descarriló, estaba estacionados en un terraplén bastante más alto, porque el terreno está en declive. Esto resta potencia y capacidad de daño a cualquier objeto que se arroje, incluidas las supuestas balas que nunca se encontraron. Muchos de los testigos que dicen haber oído detonaciones del lado del barrio se echan atrás cuando se les pregunta concretamente cuándo escucharon el disparo o si vieron con sus propios ojos a personas armadas. Algunas afirmaciones están más basadas en prejuicios que en experiencias concretas.