Los SMS que la sobrina envió desde una whiskería de Esquel al celular de su tía, fueron la punta de una investigación por trata. El juez procesó a la dueña de La Bombonerita y a los propietarios de los prostíbulos Rush Show y Le Jardin.
Cuando los investigadores encontraron A.M, ella negó que la hubieran obligado a prostituirse. Pero al entrevistarla, las profesionales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata (depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) advirtieron el riesgo. “Estaba junto a tres niñas, lejos de su ciudad de origen (Buenos Aires), donde por otro lado tampoco tenía contención afectiva ni recursos económicos suficientes”, destacaron las profesionales que la entrevistaron al momento de los allanamientos.
En La Bombonerita, A.M. se ocupó de la limpieza del local; pero en los mensajes que le mandó a su tía escribió que tenía miedo de que la dueña quisiera hacer “trabajar” a su hija de 15 años. También recordó que lo único que podían vender para irse de ahí era la computadora de las nenas. Estaba sola, había viajado de Buenos Aires a Esquel. Al momento del allanamiento todavía no manejaba dinero propio, porque nunca había cobrado por el trabajo que estaba haciendo.
Las dominicanas
La investigación que llevó más de un año, derivó en una serie de allanamientos en la localidad de Esquel: el de La Bombonerita, el de Rush Show y el de Le Jardin, locales que también funcionaban como prostíbulos. Los investigadores encontraron a mujeres provenientes de República Dominicana, que habían ingresado al país tras casarse con argentinos, o con permisos de residencia precaria.
Algunas vivían en la planta alta de Rush Show, donde había siete habitaciones. Entre sus cosas, hallaron 40 libretas “sanitarias”otorgadas por el hospital local que las habilitaban a trabajar “bajo la CATEGORÍA 8, DAMAS DE SALA”, señaló el juez que confirmó el procesamiento. En en su mayoría, habían sido expedidas a nombre de mujeres dominicanas que consignaron como domicilio laboral alguno de los tres locales involucrados en la causa.
Los dueños de esos locales, finalmente fueron procesados por el juez Otranto por los delitos de trata de personas en la modalidad de acogimiento con fines de facilitación y/o comercialización de la prostitución ajena, agravado por la cantidad de víctimas y por mediar engaño y abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. El juez además ordenó trabar embargo sobre los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la suma de .000 y les prohibió salir del país sin su autorización.