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Un tribunal que fue incendiado, un juez acusado de tirar expedientes en ese fuego, un pueblo que reclamaba justicia por el asesinato de una nena, un periodista que informaba y terminó siendo culpable, pruebas borradas, muertes sin investigar y cinco detenidos. Todo eso forma parte de la causa por el incendio de los Tribunales de Corral de Bustos en 2006 que está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

“Un domingo a la mañana cuando llego al barrio me encuentro con la tía de la nena llorando y le pregunto: ¿Qué pasó?”, dice María Eva Álvarez (Charo), quien atiende un merendero en Corral de Bustos, en Córdoba. “Charo, Charo. Mataron a mi sobrinita. Mis dos tíos la mataron, la violaron. La mataron. La hicieron por atrás y por adelante Charo”, fue la terrible respuesta que tuvo Charo. Así de crudo lo cuenta en el documental “Se me ha perdido una niña”. Era el 3 de diciembre de 2006.

Ariana tenía 3 años. Malvina, su madre, había salido a comprar vino para su marido –padrastro de la chica- y su cuñado. Cuando volvió era tarde. Ariana estaba muerta. Había sido violada, golpeada y pateada. Era otro de los hechos que en los últimos tiempos sacudió a Corral de Bustos. Un mes antes un joven de 15 años apareció ahorcado en un árbol pero con las piernas recogidas.

La protesta popular

La noticia del asesinato corrió rápido. Ya el lunes, después del cortejo fúnebre de Ariana, el pueblo comenzó a juntarse. Unas dos mil personas llegaron a la plaza 25 de Mayo justo en frente de los tribunales. Ahí estaban el juez Jorge Farías y el fiscal Raúl Moll. Ambos llevaban el caso.

“Llegamos a pedir justicia por una criatura, hace más de 10 días que una abuela pide por ella y no se la dieron y pasó esto”, decía una de las entrevistadas por un canal local. Todos aplaudían y gritaban “justicia, justicia”.

“Esto es una consecuencia de la falta de autoridad que se está viendo en el Poder Judicial”, decía al canal 6 de Corral de Bustos, el abogado Víctor Barbero. “Yo personalmente tengo 2 causas en las que están comprometidos menores por abuso deshonesto, y  todavía seguimos peregrinando y no tenemos noticias. Es un tema muy triste”, contaba ante la cámara de televisión.

El incendio

Néstor Pasquini, periodista y dueño de Radio FM Show, informaba sobre los hechos en vivo y en directo con su celular, pero también lo hacía para distintas radios fuera de la localidad. En el expediente se corroboraron comunicaciones con radio Panorama, Centenario, del Plata, Mitre Córdoba, LV2, LV3, La Voz del Interior y Venado Tuerto. Mientras, los vecinos autoconvocados pedían una explicación del juez. Nunca dio la cara.

Cuando los manifestantes estaban en la sede del Poder Judicial comenzaron a ver humo. Dos testigos entraron, uno de ellos, Juan Marcelo Farías -quien trabajaba de jornalero- fue claro: “Levanté un matafuego de la calle y subí por una puertita. Cuando subía por la escalera, bajaba humo de la planta alta. En ese momento veo una persona que tiraba expedientes al fuego. Él salió corriendo hacia mí y reconocí que era el juez Jorge Farías que tiraba expedientes a la fogata”. Todo estalló en cuestión de minutos: las corridas, la represión de la policía  y el incendio de los tribunales. Era 4 de diciembre.

La persecución

El 20 de diciembre de 2006 comenzaron las detenciones. Para enero de 2007 los detenidos sumaban 30 y en total llegaron a ser más de 40 personas las que fueron detenidas por los hechos. Se detuvieron a comerciantes, personas mayores, albañiles, amas de casa y jornaleros. Incluso fue detenido un camionero, Héctor Romani, que ni siquiera estaba en Corral de Bustos, sino en General Alvear.

Otro de los detenidos fue Hugo Daniel Dobba, padrastro del joven de 15 años que apareció colgado de un árbol y que por aquellos años reclamaba justicia. El 29 de enero de ese año comenzaron las marchas a favor de los detenidos. Mientras eran liberados, más por la presión del pueblo que por la acción de la justicia, los liberados se incorporaban a las marchas. Llevaban un cartel con la palabra “liberado”. Recién en 2008 fueron todos liberados. Pero el conflicto no había terminado.

En octubre de 2009 comenzó el juicio en los Tribunales de Bell Ville. Unos 208 testigos fueron citados a declarar por el incendio en los tribunales de Corral de Bustos aunque de los más de 40 detenidos que habían pasado por la causa, 10 fueron condenados el 27 de septiembre de 2011:

-Karina Ripoll y Jorge Alberto Luna, fueron condenados por daño calificado a dos años de prisión condicional. Rubén Omar Astudillo y Juan José Guayanes  fueron condenados por daño calificado e incendio a cinco años de prisión con cumplimiento efectivo. También a cinco años de prisión por incendio fueron condenados Juan Marcelo Farías y Horacio Esteban Guayanes.

-A Franco Rubén Astudillo (quien en el momento de los hechos era menor de edad) se lo encontró coautor de daño calificado e incendio y se derivó al juez de menores. Las peores condenas las sufrieron el abogado Víctor Luis Barbero y el periodista Néstor Omar Pasquini por ser presuntos instigadores del delito de incendio. Se los condenó a siete años de prisión de cumplimiento efectivo

En manos de la Corte Suprema

Todas las condenas fueron confirmadas después por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

“La provincia decidió que existe condena firme cuando se rechazó el recurso extraordinario en contra de principios constitucionales básicos”, dijo a Infojus Noticias, Francisco Levissa, quien fue abogado de varios de los imputados y que llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Estaban en libertad y el día de la condena los detuvieron en violación del código de procedimiento provincial”, explicó. También aclaró que, entre las dos veces que estuvieron en prisión preventiva, sumaron más de tres años y medio de prisión.

Cinco son los detenidos que aún se encuentran en la cárcel de Villa María: Barbato, Pasquini, Astudillo, Farías y Guayanes. El otro Guayanes, Horacio, en mayo de este año accedió a la libertad condicional por cumplir los dos de la pena.

Hay dos casos que están en el máximo tribunal. Uno ya tiene dictamen de la Procuración General y está listo para que se dicte sentencia. Se trata de un recurso de queja presentado por la prisión preventiva que sufrieron los condenados. El otro es un recurso extraordinario sobre el “fondo de la cuestión” presentado en abril de este año para que el máximo tribunal del país analice todo lo sucedido en esta causa. También el caso ha sido llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

“El caso de Corral de Bustos es un ejemplo del manejo político de la justicia. Se generaron posiciones que no pudieron sostenerse a través de los códigos y la constitución”, dijo Levissa y agregó que “el terrorismo de estado sigue funcionando en democracia y en la justicia cordobesa".