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Christian Domínguez tenía treinta años cuando fue asesinado en 2005 por miembros de la Comisaría 1° de Berisso. Lo habían detenido en forma arbitraria y torturado. Sin embargo, lo primero que dijo la policía fue que se había suicidado: lo encontraron colgado de un cinturón en una celda. A diez años de la muerte del joven, tres de los cuatros policías imputados fueron condenados por homicidio simple y privación ilegítima de la libertad, pero los delitos de tortura y encubrimiento quedaron impunes. La Sala II del tribunal de Casación ante el que la familia y la Asociación Miguel Bru pidieron revisar la sentencia en 2013 aún no resolvió el pedido, aunque solo tenían un máximo de veinte días para expedirse. “Debieron resolver inmediatamente”, dijo Pedro Domínguez, padre de Christian.

La familia de Christian  todavía sigue en la búsqueda de justicia. En 2012 se celebró el juicio oral y público donde los ex policías Luciano Príncipi y Germán Cernuschi fueron juzgados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tortura seguida de muerte, Víctor Gómez por torturas seguida de muerte, y Leandro Antonelli por falsedad documental y encubrimiento. Sin embargo, tras casi tres meses de audiencias, el Tribunal N° 3 solo condenó a Gómez por el delito de homicidio simple, y a Príncipi y Cernuschi por privación ilegal de la libertad agravada, mientras que absolvió a Leandro Antonelli. Desde entonces, la familia Domínguez y los abogados de la Asociación Miguel Bru exigen que se revise la sentencia.

Desde el comienzo la causa estuvo plagada de irregularidades: los mismos policías hoy condenados estaban a cargo de la investigación, desaparecieron pruebas, se plantaron otras y hubo amenazas a testigos. Tres fiscales, Leandro Heredia, Ana Medina y Tomás Morán, fueron recusados por incumplimientos. El juicio oral y público que se celebró en 2012 no fue la excepción. Según Rosa Bru, presidenta de la Asociación Miguel Bru, “la sentencia fue un papelón. Para los jueces no hubo torturas y no se investigó el encubrimiento de la policía ni la cadena de impunidad que permitió el crimen y la teoría del suicidio con su propio cinturón, para lo que tuvieron que montar un grotesco y siniestro escenario”.

Es por eso que la familia Domínguez y los abogados de la Asociación Miguel Bru que patrocinan la causa interpusieron un recurso ante la Sala II del Tribunal de Casación para que se revea la sentencia.

Aunque los jueces debieron tomarse un máximo de 20 días según dispone el código de procedimiento, recién hace algunas semanas, dos de ellos -Mahiques y Celesia- se excusaron de resolver. La Asociación Miguel Bru denuncia que debieron apartarse hace mucho tiempo, y no debieron siquiera presenciar la audiencia donde se presentó el pedido a fines de 2013.

Ahora deberán decidir los jueces Mancini, Ordoqui, y Domínguez. El martes próximo, Mancini recibirá a la familia y a los abogados de la Asociación Miguel Bru. “Que el juez quiera hablar con nosotros nos creó una expectativa buena, aunque no quiere decir nada. Exigimos la celeridad de la justicia. Reclamamos la lentitud”, dijo Rosa Bru a Infojus Noticias.