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Miguel Rojas y Sebastián Ramírez, vecinos de la comunidad de Los Pozos, ubicada al noreste de la provincia de Córdoba, sobre la margen norte de la Laguna Mar Chiquita, fueron llevados a juicio acusados de usurpar el campo donde nacieron y viven desde hace décadas. Luego de tres meses de audiencias, fueron absueltos ayer por el  juez de Deán Funes, Abraham Elías. “Quién los denunció fue un ex habitante de la zona que actuó auspiciado por un corredor inmobiliario de Córdoba, que pretendía las tierras”, dijo a Infojus Noticias la abogada del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), Victoria Gauna, que representó a los campesinos en la audiencia.

La medida judicial afectaba no solo a los imputados sino a toda la comunidad. La zona en conflicto es un campo abierto de uso común, donde unas 30 familias campesinas crían sus cabras y ovejas, sin necesidad de delimitar la propiedad con alambres. En 2010, Rojas ayudó a Ramírez, su yerno, a levantar un rancho cerca de su casa. Fue entonces que Jesús Figueroa, el querellante, los denunció por usurpación, alegando propiedad sobre las tierras. El hombre había iniciado un juicio de usucapión en 1976, que nunca tuvo resolución. 

En la audiencia de ayer, tanto el fiscal Hernán Funes, como la defensa de los campesinos, solicitaron la absolución por considerar que no existió delito. “Hay pruebas de que los dos campesinos son legítimos poseedores de las tierras. Sus padres ya vivían ahí. Pero el debate de fondo en este juicio, lo que pone el riesgo a muchas familias, era el desconocimiento por parte del Estado provincial de la tenencia compartida de la tierra”, dijo Gauna. Los campos comuneros son, en muchas provincias del país, una alternativa solidaria para enfrentar muchas adversidades por parte de las comunidades.

En su alegato, el abogado querellante, Cruz Mieres, pidió que los dos campesinos sean condenados, y que Rojas –quien había enfrentado otro juicio por usurpación por defender su campo– vaya a prisión. El pedido de cárcel remite al caso de la comunidad cordobesa del Chacho. En 2008, la justicia penal condenó a siete campesinos a prisión por el delito de usurpación de un campo que usaban de manera comunitaria y que había sido reclamado como propio por un empresario. Lo llamativo era que la justicia civil había reconocido los derechos de los campesinos. Por eso, tiempo después, la sentencia penal fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que absolvió a los campesinos.

Unos 80 campesinos e integrantes de organizaciones sociales coparon ayer las calles de Deán Funes y los Tribunales. En la sala de audiencia estaba también un representante de la inmobiliaria “Bienes y Raíces”. Según los integrantes del MMC, es la firma que intenta poner un pie en ese territorio. “El corredor inmobiliario no faltó a ninguna audiencia. Está interesado en quedarse con el campo desde hace años”, dijo Gauna.

"La justicia con este fallo nos dio la razón en lo que siempre sostenemos, que los verdadero dueños de las tierras son las familias que viven y producen en el lugar", dijo Gastón Farías, referente del MCC.

“La absolución da cuenta de que parte de la justicia está reflexionando sobre un tema central de las comunidades campesinas. Por años, la justicia ha dejado mucho que desear, persiguiendo a los legítimos poseedores”, dijo a Infojus Noticias el actual subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la Secretaria de Agricultura Familiar, Ramiro Fresneda. El funcionario cuenta con años de militancia campesina y varios procesos judiciales representando al movimiento campesino de Córdoba. Por eso celebró que “después de tantos años de lucha genuina, de visibilizar una problemática escandalosa en el norte de Córdoba”, por fin un falló favorece a los campesinos.

Inspección ocular

El propio juez Elías pudo ver con sus propios ojos de qué se trata la tenencia compartida de la tierra cuando se realizó la inspección ocular, el 13 de mayo. Esa fue una instancia clave en el juicio. Guiados por los campesinos imputados y otros vecinos de la zona, el magistrado y el fiscal recorrieron la zona. La investigadora del Equipo de Ordenamiento Territorial del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, Alicia Barchuk, también participó de esa instancia. Explicó que el territorio en conflicto forma parte de un área protegida como “sitio Ramsar”.

En diálogo con Infojus Noticias, Barchuck consideró como “grave la situación del uso de la tierra en la provincia”. Sostuvo que “en los últimos 30 años se vio un gran avance de los negocios inmobiliarios y de los agronegocios sobre los territorios campesino. Paralelamente, el Poder Judicial criminaliza a los legítimos dueños usando como único criterio el derecho privado”, agregó.

“Hemos ido con los jueces a mostrarle donde vivimos los campesinos. Han ido al campo La Libertad, a Los Pozos, a La Cumbre, y así con todo, dos compañeros de Los Pozos corrían riesgo de quedar presos. Es lamentable porque los imputaron por usurpación a pesar de que ellos nacieron allí, sus padres, sus hijos y sus nietos también. Pareciera que para la Justicia haber nacido en el campo hoy es un delito. Es inaudito”, señaló Mario Barcena, campesino de la comunidad La Libertad, al diario La Mañana de Córdoba.

Salinas y humedales

En diciembre pasado el juez Sergio Ruiz ordenó la subasta de 9 mil hectáreas de las 13 mil que componen el campo La Libertad, al noroeste de Córdoba, cerca de las salinas grandes. En esas tierras viven y trabajan unas 50 familias, que estaban en litigio judicial desde hace 20 años. El de La Libertad es uno de los principales conflictos que enfrentan los campesinos de Córdoba.

El otro foco de conflicto es el noreste provincial, más precisamente al norte de la Laguna Marchiquita, donde se ubica l comunidad de Los Pozos, entre otras. Según explica Barchuck, La Marchiquita triplicó su tamaño en la década del 70 y desde entonces retrocede, dejando al descubierto una zona de humedales y tierras extensas, codiciadas por intereses inmobiliarios.

Esas tierras están incluidas en la lista de Humedales de Importancia Internacional, conocida como “lista Ramsar” (por la ciudad iraní donde se firmó el convenio internacional). “Ser parte de la lista Ramsar implica un compromiso de los gobiernos para conservar sus características ambientales. Esa zona es uno de los humedales más grandes del mundo, debería estar ajena a la territorialización del campo”, dijo Barchuk. “Las familias de la zona hacen uso tradicional y ancestral de la tierra, de forma trashumante, es decir que los campesinos van rotando el pastoreo de sus animales según la disponibilidad de la tierra, según la intermitencia de las aguas”, agregó.

Para la investigadora, el cambio propuesto por los empresarios es “abrupto y dañino para la tierra, con alambrados y otro tipo de explotación”. “En Córdoba, esa trasformación está amparada los tres poderes, especialmente por el judicial, que es funcional al capital inmobiliario que lleva a juicio a los campesinos”, concluyó.

WC/RA