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El juez santafesino Reinaldo Rodríguez debe resolver esta semana si hace lugar a que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revise la falta de mérito que había dispuesto para la directora, G.M, y del administrador de la Casa de la Jóven, C.B., ante la sospecha reiterada por la fiscalía federal 1 de que desde ese hogar, dependiente de la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia provincial, orquestaron la explotación sexual de mujeres adolescentes en situaciones muy vulnerables que vivían allí.

La causa se inició el año pasado por la denuncia de R.R., una chica que se escapó del hogar y recurrió a la Fundación María de los Ángeles, desde donde la acompañaron a la Protex. R.R. contó entonces que se fue porque a ella y a otras chicas, “de lunes a jueves” las llevaban a una esquina en el casco urbano, cerca de un hotel, para “estar con un señor, terminar y atender a otro”, hasta juntar “entre 1000 y 2000 pesos por noche” y que los fines de semana las prostituían dentro del hogar. Confió además que para que estuvieran con esos hombres -hasta 16 cada noche, dispuestos a pagar por abusar de ellas- la funcionaria las amenazaba diciéndoles que no tendrían más salidas.

Después de una primera serie de medidas de prueba, que incluyeron la vigilancia de la esquina mencionada por la chica donde Gendarmería comprobó que otras  adolescentes -algunas casi niñas- eran explotadas sexualmente, el juez ordenó el allanamiento del hogar y los domicilios de los imputados y dispuso su prisión preventiva. Pero, tras conocer los testimonios de las jóvenes que vivían en el hogar al momento de los allanamientos, el magistrado consideró que en la causa aún no hay elementos para mantener detenidos a los imputados y dispuso su libertad por "falta de méritos".

El fiscal a cargo de la investigación, Walter Rodríguez, y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, apelaron esa decisión. Entienden que el magistrado hizo una “apreciación fragmentada” y no valoró adecuadamente los testimonios de las adolescentes. Recordaron que una de ellas dijo que se alejó de la Casa de la Joven porque su padre “temía que culmine ejerciendo la prostitución en forma callejera”. Y que otra dijo que la directora le habría ofrecido dinero a cambio de ejercer la prostitución

—¿Alguien te pidió que estés con hombres o que mantengas relaciones con otras personas?, preguntó una de las profesionales que les tomó declaración en cámara Gesell.

—Eso me lo había dicho G. … y me había dicho que no diga nada, contó la joven y después relató que otra de las chicas “necesitaba la plata para su mamá y aceptó”.

“El magistrado judicial fragmentó las nueve declaraciones recibidas obviando otras que claramente incriminaban a los imputados y permitían una solución jurídica distinta a la adoptada”, señalaron los fiscales. Y advirtieron además, que les llamó la atención que los documentos de la denunciante, R.R., y de otra menor estuvieran en el domicilio de la directora del hogar, y que esto no haya sido tomado en cuenta por el juez.

Los fiscales Rodríguez y Colombo también aludieron a las denuncias de abuso sexual vinculadas a la investigación. En un caso atribuido C.B., el administrador del hogar. Y en otro, que investiga la justicia provincial, a la denuncia de una de las chicas que contó que un día, al volver de la escuela, un hombre la “levantó” en un auto, la llevó a una casa y, amenazándola con un arma blanca, la obligó a desvestirse. Para los fiscales, en este estado “incipiente” de la investigación “no puede descartarse que se trate de una conducta vinculada a la maniobra de trata y explotación”.  

Colombo y Rodríguez además se opusieron a que el juez incorpore, como si hubieran actuado como peritos de partes, los informes de dos profesionales psicólogas cuya presencia había autorizado a solicitud de la abogada defensora, al solo efecto de que la asistan mientras se tomaban los testimonios de las chicas alojadas en la Casa de la Joven. Los funcionarios además lamentaron que el juez no haya tomado en cuenta los testimonios de las profesionales de la fundación María de los Ángeles que tuvieron contacto y asistieron a la joven que hizo la denuncia y “pueden expresarse acerca de la coherencia, solidez y credibilidad” de sus dichos.

Así como también cuestionaron que el magistrado, antes de resolver sobre la situación de los imputados, no tomara los testimonios de los profesionales de la salud y la de las operadoras de la Casa de la Joven que intervinieron en la denuncia por abuso que investiga la justicia provincial y en el sumario administrativo en trámite ante la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. La semana pasada, desde la fundación cuestionaron que la “opinión pública” intente cuestionar el testimonio de la joven R.R., al que describieron como “absolutamente verosímil”.

“Nos recuerda a lo sucedido durante el Juicio por el secuestro y la desaparición de Marita Verón, donde los jueces decidieron no creer en el testimonio de las víctimas, brindando así un fallo que resultó con las absolución de los 13 imputados”, dijeron en el comunicado titulado “El caso que conmueve Santa Fe”. “Confiamos en la Justicia y esperamos que sea ella la que esclarezca los hechos denunciados, condenando a quien corresponda en un futuro juicio”, escribieron en el comunicado de la fundación que encabeza Susana Trimarco. 

MB/LC