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Infojus Noticias

18-11-2014|18:20|Proyecto de Ley Nacionales
Bajo el nombre de "Ley de Espectáculos Deportivos"

Violencia en el fútbol: diputados buscan unificar un proyecto de ley

En los próximos días, los diputados nacionales debatirán distintos puntos sobre cómo tratar la violencia en el fútblol. Los legisladores coincidieron en que es un "tema urgente" y unificarán las modificaciones en un solo proyecto, que integrará temas como reventas, barrabravas y la creación de una fiscalía especializada.

  • Télam
Por: Juan Manuel Mannarino

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados se reunió hoy para debatir dos cuestiones centrales. En primer lugar, se decidió un unificar en un proyecto de ley con el nombre “Ley de Espectáculos Públicos” para integrar distintos puntos sobre la violencia en el fútbol. Por otro, se emitió dictamen sobre otro proyecto de ley para sancionar a los policías que dejen de prestar servicio de manera injustificada.

La presidenta de la comisión, Patricia Bullrich, propuso que exista un proyecto único, porque “el tema de la violencia en el deporte, que despertó 7 muertos en los últimos fines de semana, no puede quedar ajeno a este Congreso”. En tal sentido, se dispuso que los distintos aspectos del proyecto, que están por debatirse también en las Comisión de Deportes y Seguridad Interior, se unifiquen en una sola comisión: la de legislación penal.

Sobre este punto, el diputado Héctor Recalde se pronunció a favor de una “modificación integral” del proyecto, que “incluya el tema de las reventas, los barras bravas, y la prevención y la investigación de la violencia”. El mismo comprendería a otros proyectos, como la Ley 24.192, que está encabezada por el Frente por la Victoria y comprende modificaciones del Régimen penal para la prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos y/o culturales. También aparece la Ley 11.179, que establece la incorporación del Artículo 210 ter y del inciso 7° al 174, sobre delitos cometidos por reventa de entradas para espectáculos masivos. En tanto, la ley 23.184, propuesta por Unión Pro, plantea la incorporación del Artículo 5 bis que tipifica delitos sobre cooperación o ayuda a los barra bravas.

Los proyectos se relacionan con otra propuesta del oficialismo, que entraría a la Comisión de Deportes en la próxima semana. La iniciativa, creada por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, junto al titular de la comisión de Deportes, Mauricio Gómez Bull, contempla la creación de una Fiscalía Especial, y la aplicación del programa AFA Plus y la creación de un Consejo Federal.

Según explicaron desde el Frente para la Victoria, se sentarían las bases para reemplazar la denominada ley "de la Rua" de violencia en el fútbol y actual ley del Deporte. "Si no hay un verdadero compromiso de la dirigencia de los clubes para terminar con la violencia que son los que deben aplicar esta ley no se podrá avanzar en esta iniciativa", dijo Domínguez.

En ese marco, Gómez Bull remarcó que "el problema de la violencia en el fútbol sólo se va a resolver en el tiempo si realmente podemos consensuar las medidas para terminar con la intolerancia porque es importante que todos estemos de acuerdo en cómo afrontar esta problemática". Y agregó que en el debate deben participar secretarios de deporte, dirigentes de los clubes, organizaciones de entidades barriales, representantes de la justicia y de la seguridad.

Sanción a policías que “abandonan el servicio”

Por otra parte, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitió dictamen sobre el proyecto de ley para sancionar a los policías que dejen de prestar servicio de manera injustificada. La iniciativa fue presentada por Aníbal Fernández (FpV) luego de los reclamos policiales en distintas provincias que culminaron con saqueos el año pasado, y ya cuenta con media sanción unánime del Senado.
El texto propone un agregado al artículo 252 del Código Penal para aplicar “sanciones e inhabilitaciones”.

Así, incorpora penas para miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales, porteñas o de una agencia estatal armada, que “a sabiendas” abandonen “injustificadamente” su servicio o “maliciosamente omitieren la prestación regular de su función”.

Las penas previstas en el texto van de 750 a 12 mil 500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, para aquel “funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público”. Asimismo establece que el oficial “será reprimido con pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena”.
 

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