Infojus Noticias

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó a José Sbattella al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y a Germán Saller como vicepresidente del organismo. La mandataria firmó el decreto 234/2014 este miércoles, que también fue refrendado por el jefe de Gabinete de ministros, Jorge Capitanich, y el ministro de Justicia Julio Alak. La norma fue publicada hoy en el Boletín Oficial.

La jefa de Estado tomó la decisión después de evaluar las impugnaciones y objeciones realizadas mayormente por diputados nacionales del arco opositor, así como las múltiples adhesiones y respaldos expresadas por funcionarios de otras áreas, legisladores nacionales, sindicalistas, militantes, querellantes en juicios por delitos de lesa humanidad e intelectuales de distintos espacios.

José Sbattella defendió su gestión al frente del órgano antilavado durante la audiencia pública que se realizó el 14 de febrero. “La lucha antilavado se ha convertido en una cuestión de estado” sostuvo, y propuso pensar en el lavado de activos ya no sólo como “un delito económico” sino como “la economía del delito”.

Al término de esa audiencia, el entonces postulante a la renovación de su cargo exigió a la justicia, en diálogo con Infojus Noticias, que continuara las investigaciones en el camino del dinero surgido del delito. “La justicia se queda con el primero ilícito y no sigue la ruta del dinero, que después se reproduce y compite con el dinero obtenido por formas legales y legítimas”.

La Unidad de Información Financiera

La UIF es un órgano fiscalizador de la actividad financiera. Fue creado por una ley en el año 2000, como un ente autónomo y autárquico en la órbita del Poder Ejecutivo. Mediante sus regulaciones, impone la obligación de rendir cuentas de las operaciones financieras al Estado y promueve investigaciones en función de actividades sospechosas. A partir de reportes de la información remitida por bancos y entidades financieras, el ente inicia investigaciones  que luego son puestas a disposición del Ministerio Público para perseguir al crimen organizado.

Sbattella llegó a la UIF en 2010, a propuesta de la Presidenta de la Nación. Con su gestión, el ente impuso multas a sujetos obligados –aquellos deben remitir la información- por 218 millones de pesos y decomisó casi 3 millones más. Logró el procesamiento de 156 personas ante la justicia y embargos por 751 millones de pesos. En 2010 eran sólo 400 los sujetos obligados a remitir información a la UIF, valor que se elevó a 35 mil durante los últimos cuatro años.