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Integrantes de la Lista Unidad en la Diversidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) pidieron la recusación del juez de Instrucción Federal N°12, Sergio Torres, en la causa en la que se investigan irregularidades administrativas y adulteración de firmas en las últimas elecciones de graduados. El argumento es que el juez debe investigar a las mismas autoridades de la facultad que deben votar a favor o en contra de su renovación como profesor regular de dicha casa de estudios.

El juez Torres, que lleva adelante la investigación junto al fiscal Carlos Rívolo, busca renovar su cargo como profesor adjunto en la materia de Elementos de Derecho Penal de la Facultad de Derecho. El magistrado debe cotejar con 102 aspirantes que compiten por 37 cargos. Según el estatuto de la UBA, el órgano que debe designar al jurado a cargo de la evaluación de los méritos y antecedentes de los concursantes es el Consejo Directivo.

“Uno de los imputados en autos es un conocido militante de Graduados Pluralistas, agrupación de graduados que forma parte del oficialismo, contando con 11 de los 16 consejeros”, sostiene el pedido de recusación formulado por los querellantes.  “Si se avanzara en la investigación seguramente se encontraría prueba que permita individualizar a otros funcionarios de la Facultad como participes de las maniobras, de acuerdo a los testimonios que nos han llegado”, agrega.

Torres debe investigar “la conducta presuntamente ilícita de las mismas autoridades que ejercen facultades de superintendencia y disciplinarias sobre su desempeño como Profesor Adjunto en la Facultad, que han de elegir al jurado que lo evaluará en el concurso al que se ha inscripto y que han de decidir, en última instancia, por el voto de al menos la mitad de los consejeros directivos, si renueva su cargo rentado en la Universidad”, sostienen los denunciantes.

En el escrito de seis páginas se afirma que el juez “tiene un interés directo” en la investigación “puesto que su carrera académica y su patrimonio podrían verse afectados por una decisión contraria a sus intereses emanada de las mismas autoridades que debe investigar en las presentes actuaciones”. La posibilidad de que el magistrado “reciba presiones”, dice el escrito, “pone en tela de juicio su imparcialidad como juzgador”.

La causa se inició a partir de la presentación penal de los candidatos de la Lista Unidad en la Diversidad, quienes pidieron que se investigue si miembros de Graduados Pluralistas y empleados de la facultad cometieron los delitos de “falsificación de firma y de instrumento público y delitos electorales en el marco de la renovación de autoridades del Consejo Directivo en junio de este año. Según los denunciantes, varios testigos aseguran que los imputados falsificaron firmas en la confección de los padrones para los comicios de graduados en los que se definieron los nuevos representantes del claustro en el Consejo Directivo.

El trámite para empadronarse es personal y cada uno de los interesados debe concurrir personalmente a la facultad para firmar. Previo a las elecciones, la lista Unidad en la Diversidad impugnó 354 empadronados que luego fueron anulados por la Junta Electoral, que además convocó a los graduados para que reconocieran sus firmas en los cuadernos. Varios de ellos sostuvieron por escrito en el expediente administrativo que las firmas que acompañaban sus nombres no eran suyas.