Para el INECIP, la reforma del Código Procesal Penal es "impostergable"
Para el INECIP, la reforma del Código Procesal Penal es un "debate impostergable" porque el modelo de procedimiento actual responde a un esquema de más de 150 años.
Ilustración: Kitsch
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP) sostuvo que la reforma del Código Procesal Penal es un “debate impostergable” porque el modelo de procedimiento penal actual responde a un esquema de más de 150 años. “Las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria han coincidido sobre la necesidad de contar con un sistema de investigación y juzgamiento moderno y adecuado a las necesidades actuales, de forma de dar respuesta a la demanda de la sociedad”, subrayó la entidad.
Al ponderar la decisión del Gobierno de avanzar con la reforma, el INECIP indicó que la justicia federal tiene a su cargo “delitos de enorme trascendencia” porque juzga los delitos de corrupción, tráfico de drogas, contrabando, trata de personas, secuestros extorsivos, lesa humanidad, entre otros. “Varios estudios sobre el funcionamiento de la Justicia han demostrado que los casos complejos demoran un promedio de 14 años, y que la mayoría terminan sin una sentencia (condena o absolución) porque el Estado tardó tanto en investigarlos que prescriben. Es decir: no pueden ser juzgados”, indicó.
Además, consideró que si bien el actual Código Procesal Penal Federal fue sancionado hace 21 años, responde a un modelo de procedimiento penal “de más de 150 años”. Y afirmó: “Es imposible enfrentar la criminalidad actual con herramientas del siglo pasado. Por ello, es indispensable contar con un sistema moderno que juzgue los delitos de manera más rápida y eficiente, represente adecuadamente los intereses de la víctima y que rompa con la falsa antinomia entre eficacia y protección de derechos y garantías de las personas involucradas en los procesos penales”.
Tal como señalaron distintos especialistas, desde el INECIP indicaron que los delitos complejos requieren “un modelo dinámico de investigación, con control de plazos, publicidad, transparencia y rendición de cuentas”. Ese nuevo esquema requiere de un sistema distinto, que permita “resolver los casos penales de manera más rápida y eficiente, que represente adecuadamente los intereses de las víctimas y que permita superar la falsa antinomia entre eficacia de la persecución penal y la vigencia de los derechos y garantías de los acusados”.
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