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La Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó aprobó la creación de una Comisión para la elaboración de un Programa Integral del Ministerio Público de Orientación, Protección y Acompañamiento a la víctima, en el entendimiento de que resulta prioritario para la institución consolidar un rol activo y amplio en la materia.

A través de la resolución PGN 65/14, la Procuradora dispuso que la comisión -que funcionará en el ámbito de la Secretaría General de Coordinación Institucional- será dirigida y coordinada por el fiscal Marcelo Colombo, en razón de su amplia trayectoria y la experiencia que ha adquirido al frente de la unidad especializada en trata y explotación de personas -actualmente PROTEX-, una de cuyas aristas más trabajadas ha sido el abordaje de la situación de las víctimas. Entre otros, también integrarán el grupo de trabajo Alberto Binder y Eugenio Pablo Freixas, director de la Oficina de Asistencia a la Víctima.

Será un objetivo excluyente de la Comisión el diseño de un plan de implementación de un Programa Integral en un plazo no mayor a los tres meses. Para ello trabajará en el estudio de los recursos existentes en el Ministerio Público Fiscal y en otros organismos estatales para abordar la cuestión; la recopilación y sistematización de toda la información que surja del trabajo que realiza la Oficina de Asistencia a la Víctima (OFAVI). Asimismo hará un relevamiento de los sistemas de protección y atención a la víctima que funcionan en las distintas jurisdicciones del país, así como en otros países.

Del trabajo de la Comisión también participarán las Procuradurías y Programas de la Procuración, de cuyos ámbitos surgirá la información necesaria para un adecuado abordaje y acercamiento a la problemática propia de cada fenómeno.

Gils Carbó remarcó la necesidad de que el futuro Programa Integral “actúe en forma coordinada en todo el país y que tenga la capacidad de brindar respuestas específicas a las particularidades de cada fenómeno delictivo”.

En ese sentido, explicó que “la misión prioritaria de una sana política criminal en la materia ha de ser, también, el acompañamiento de las víctimas en el complejo y arduo camino de restitución de sus derechos ultrajados. Ya que toda víctima debería tener la certeza interna de que hay políticas públicas institucionales y programas especialmente diseñados para problemáticas como las que ha atravesado, y que, por sobre todas las cosas, el necesario e impostergable vínculo con el fiscal de la causa, no agota ni excluye las posibilidades”.