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Infojus Noticias

6-10-2014|19:45|Investigación Nacionales
Otro caso de violencia institucional

“No hay maldita policía sin maldito poder judicial”

Lo dijo Analía Carrillo, abogada de la familia de Cristian Pérez (18), que fue arrollado por un tren en 2002 cuando estaba sobre las vías. Se sospecha que lo mató la policía por venganza. Tres de los cuatro policías acusados de simular el asesinato fueron detenidos, doce años después, y se negaron a declarar. El cuarto quedó libre por un recurso judicial.

  • Ilustración: kitsch.
Por: Infojus Noticias

Tres de los cuatro policías acusados de simular el asesinato de un joven de 18 años fueron detenidos y se negaron a declarar. El cuarto quedó libre por un recurso judicial. Están acusados de por el delito de homicidio agravado por alevosía contra Cristian Pérez, que fue arrollado por un tren cuando estaba tendido sobre las vías. “No hay maldita policía sin maldito poder judicial”, sostuvo la abogada Analía Carrillo, que representa a la familia de la víctima, al explicar por qué la causa pasó casi doce años por las manos de varios fiscales hasta que uno de ellos “la leyó y ordenó las detenciones”.

El 14 de octubre de 2002, el maquinista del tren que llegaba a la estación de City Bell vio un cuerpo tendido en las vías y lo arrolló. Lo mismo vio su ayudante. Ninguno podía evitar arrollarlo por la ubicación del cuerpo y la velocidad que llevaba la formación. Sin embargo, no pudo olvidar ese detalle, que repitió varias veces: el cuerpo estaba inmóvil. Esa particularidad contrataba con las declaraciones del personal policial que calificó al hecho como un “suicidio”.

Lo que había ocurrido era otra cosa muy distinta. Pérez atropelló a dos ciclistas. Uno de ellos es el hermano de uno policía. Los vecinos detuvieron a Pérez, lo llevaron a la comisaría 10 de City Bell, donde trabajaba el hermano de uno de los atropellados, que estaba de franco pero fue a la dependencia policial, detalló la abogada Carrillo, integrante del Colectivo de Investigación y Acción Judicial (CIAJ). Ese organismo denunció al estado argentino por “inacción” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA).

De acuerdo a los registros de la causa, Pérez ingresó a la comisaría a las 4 de la madrugada del 14 de octubre. Lo había llevado un grupo de vecinos. Dijeron que había atropellado a un joven, que había sido llevado al hospital, y dejaron a Pérez en una oficina del personal policial. Eso fue lo que declararon los testigos.

A eso de las 5:50 de esa misma madrugada, Cristian fue trasladado al Cuerpo Médico, donde fue examinado. Allí se labró un acta dejando constancia de que poseía lesiones calificadas como “leves”. Ese acta no posee la firma de Cristian, mientras que el acta de extracción sanguínea, que se realizó de manera conjunta con el examen médico, lleva una firma de Cristian, que según pericias resultó ser falsa.

Después, Cristian fue conducido nuevamente a la dependencia policial. Allí fue interpelado por el policía que era hermano del joven atropellado. Según el acta que lleva una firma falsa de Cristian, el chico se fue a las 6:20hs de la madrugada del 14 de octubre de la comisaría. Pero su cuerpo fue arrollado dos horas más tarde en la estación de trenes de City Bell.

“La causa durmió en manos de varios fiscales. El fiscal Leandro Heredia convalidó la versión policial y delegó en los uniformados las primeras medidas de prueba”, dijo la abogada Carrillo a Infojus Noticias y señaló que la autopsia hecha por un médico policial concluyó que todas las lesiones vitales habían sido provocadas por la astricción ferroviaria.

Sin embargo, otra pericia que no fue agregada el expediente decía otra cosa: tenía lesiones provocadas en vida como golpes en el abdomen, la espalda y los puños, que podrían ser de intento de defensa. “Además, en sus manos, que estaban cerradas, tenía cabello de otra persona y eso desapareció”, agregó Carrillo.

“La causa pasó a otros fiscales. Incluso la leyó la titular de la UFI 2, Betina Lacki, y pidió el archivo. Lo apelamos y finalmente el fiscal general de La Plata le pasó el caso al fiscal Marcelo Martini, quien leyó la causa y pidió las detenciones”, dijo Carrillo y subrayó: “A ningún fiscal le llamó la atención lo que contenía esta causa salvo a Martini. No hay maldita policía sin maldita justicia”.

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