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“Es la primera vez que autoridades políticas que ordenaron una represión deberán responder por las muertes que ocasionaron las fuerzas de seguridad a su mando”, dijo Horacio Verbitsky, periodista y director del CELS, mientras se dirigía a la sala donde desde hoy se juzga la masacre que desató el gobierno de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001, cuando pretendió despejar de manifestantes la Plaza de Mayo. El ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, es el único funcionario político que compartirá el banquillo de los acusados con 16 ex policías federales. Por eso la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, donde se desarrolla la audiencia, hoy no estaba custodiada por la Policía Federal sino por Gendarmería.

A las 11.15 de la mañana los jueces José Martínez Sobrino (presidente), Javier Anzoátegui, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín (juez sustituto), dispusieron que comenzara la lectura de la acusación. Entre el público, se dispusieron familiares y amigos de las víctimas que desde temprano esperaban ese momento. Se abrazaban y se alentaban entre ellos. Marta Almirón, la mamá de Carlos “Petete” Almirón, uno de los jóvenes asesinados en las inmediaciones de Plaza de Mayo, llegó desde Lanús. “Vine porque me llamó ella y me dio fuerza. Mi marido me dijo que hoy tenía que estar acá”, dijo Marta y señaló a su tocaya. 

Se refería a Marta Paladino, la esposa de Alberto Márquez, un hombre que hoy estaría rondando los 60 y pico de años, si aquel 20 de diciembre una bala policial no le hubiera dado justo en pecho. El del Alberto es el único caso que encuentra a los que dispararon el gatillo entre los imputados: son 9 ex agentes de la policía federal que comandados por el ex comisario Orlando Oliverio -a bordos de dos autos y una camioneta no identificados- se desplegaron sobre la avenida 9 de julio, cerca del Obelisco, y dispararon contra un grupo de personas que se guarecían del sol y descansaban de las corridas (por los flujos y reflujos de manifestantes que durante horas, pese a la sangrienta represión, intentaban volver a la Plaza de Mayo alentados por la consigna “que se vayan todos”). 

El de Márquez es el único asesinato por el que deberán responder sus ejecutores. “Los identificamos rápidamente”, precisó el abogado Juan Carlos García Dietze, que representa a sus tres hijos. García Dietze contó a Infojus Noticias que su aniquilamiento fue “registrado por una cámara de la federal, desde una ventana en el Obelisco”. Los acusados pertenecían a un grupo de Asuntos Internos de la policía federal que dispararon contra manifestantes que se refugiaban en una plazoleta, en la avenida 9 de Julio casi esquina Sarmiento.

“Hubiese querido que también esté de la Rúa porque es el autor intelectual”, dijo a Infojus Noticias Karina Lamagna, la hermana de uno de las víctimas. Diego Lamagna tenía 26 años cuando una bala policial le alcanzó el pecho. Le dispararon en las inmediaciones de la Avenida de Mayo, cuando habían pasado 17 horas desde que De la Rúa dispuso el estado de sitio y el pueblo salió a la calle. Casi a las cinco de la tarde de ese jueves 20 los médicos del hospital Argerich confirmaron su defunción. Afuera seguía tronando la consigna “que se vayan todos”. Dos horas después, De la Rúa se subió al helicóptero. “Pasaron casi 13 años y seguimos buscando justicia”, dijo Karina y expresó que confía en el resultado de este proceso.

De las siete causas que forman parte de este debate durante esta primera jornada solo se conocieron dos. La que involucra por homicidio culposo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad a Mathov, al ex jefe de la policía federal Rubén Santos y a sus subordinados, los ex comisarios Raúl Andreotti, entonces superintendente de Seguridad Metropolitana y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero. La otra es la causa en la que se ventila el asesinato de Alberto Márquez, en las inmediaciones del Obelisco.

En la sala de audiencias, atrás de los abogados de la querella, estaba Martín Galli, un joven que en la misma balacera que cayó Márquez recibió un disparo en la cabeza, y desde entonces vive con la bala en su cuerpo. Por su intento de asesinato y el de Paula Simonetti (herida de bala por la espalda) deberán responder ante los jueces los mismos 9 policías que dispararon contra Márquez.

Junto a Martín, se sentó Juan Manuel Cárdenas, hijo de un testigo y víctima clave de esta represión: Jorge Cárdenas, el primer herido por un arma policial. La madrugada siguiente a la declaración de estado de sitio que dispuso De la Rúa (de manera inconstitucional, según señaló la querella del CELS durante la acusación) un grupo de personas se congregó frente al Congreso Nacional. Jorge estaba ahí con su hijo de 15 años cuando, a eso de las tres de la madrugada, un grupo de policías los atacó. Empezaron las corridas, y cuando se calmó todo el chico volvió y encontró a su padre desangrado sobre las escalinatas de ingreso al edificio. Jorge vivió 7 meses más, y su caso no forma parte del debate, aunque será parte fundamental para la acusación. 

Rubén Santos (a la derecha), ex jefe de la Policía Federal, charla con uno de sus abogados. 

Esta mañana Juan Manuel, el  mayor de los hermanos Cárdenas, lo recordó y dijo que su papá "será nombrado a lo largo de todo el juicio, porque marca el inicio de “ruptura de confianza”, algo que quedó resonando en la acusación. "Desde ese momento Mathov tenía que saber que si él le ordenaba a la policía reprimir, iban a matar", dijo, teniendo en cuenta que a su padre lo hirieron policías de la Federal con balas de plomo. En la acusación los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers contabilizaron 80 heridos de bala. “Es de destacar que no fueran más los muertos”, apuntaron.

El fiscal general Mauricio Viera que estará a cargo de la acusación durante el debate oral explicó a Infojus Noticias que otros hechos vinculados a la trágica jornada aún continúan en instrucción. Las heridas que recibió Cárdenas, por ejemplo, y también el ataque con caballos a las Madres de Plaza de Mayo, y las heridas y detenciones ilegales de cientos de personas. Dado el volumen de esta causa, en la que está previsto que declaren casi 600 testigos y puede llegar a durar más de 10 meses, Viera estará acompañado en su tarea por los fiscales Santiago Vismara, Fernando Fiszer y Mariano Domínguez.

Desde hoy, y probablemente durante más de 10 meses, el TOF 6 estará analizando la represión que se desató a partir de las 9 de la mañana del 20, cuando el gobierno ordenó despejar la plaza. En la instrucción, Mathov dijo que intentaban evitar que los manifestantes ingresaran a la Casa Rosada. Pero no dio precisiones sobre el origen de esa suposición. 

Hoy el TOF6 especificó que las audiencias –por lo menos hasta la feria judicial- se desarrollarán los días miércoles y viernes, a partir de las 9.Como excepción, esta semana la lectura de la acusación continuará el viernes en Comodoro Py. Los mayores de 16 años pueden asistir a las audiencias acreditándose con su DNI. Hoy, entre los presentes estuvieron la Madre de Plaza de Mayo Laura Conte, el legislador porteño Pablo Ferreyra, la abuela de Plaza de Mayo Berta Schubaroff, integrantes de la organización Madres en Lucha y Rosa Bru, la presidenta de la Asociación Bru que trabaja contra la violencia policial e institucional en la provincia de Buenos Aires.

Las órdenes y sus ejecutores

Durante la primera parte de la audiencia se leyó la acusación a los responsables jerárquicos. Mathov -sentado solo, en la segunda fila- es el único funcionario político acusado en este juicio. Uno de sus jefes, el entonces ministro del Interior Ramón Mestre, falleció. El otro, el ex presidente De la Rúa, consiguió que la Cámara Federal de Casación lo sobreseyera y quedó fuera del debate oral. Pero el ex mandatario aún no está desvinculado de la investigación: continúa pendiente que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso extraordinario que persigue la revocación de esta medida.

“Es el primer juicio oral en el que funcionarios de un gobierno constitucional son acusados por haber ordenado una represión de esta naturaleza”, dijo el abogado Rodolfo Yanzón, que acompaña a un grupo de víctimas. El querellante Maximiliano Medina del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) coincidió. Y dijo que es la primera vez que la cúpula de una fuerza de seguridad (la Policía Federal, en este caso) debe responder por la represión de las manifestaciones sociales. “Es inédito y, después de 12 años, la oportunidad de una reparación judicial para las víctimas”, dijo Medina.

La acusación sostuvo que Santos “impartió órdenes y directivas indebidas dirigidas a los diferentes oficiales superiores (de la federal)” que derivaron en los homicidios de Gustavo Benedetto, Marcelo Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y el Congreso. El ex jefe de la federal, también responderá por el asesinato de Alberto Márquez en las cercanías del Obelisco. Santos, y los subordinados que dirigieron el operativo, Andreozzi y Gaudiero, están acusados de homicidio culposo por estos casos. 

El de Márquez es el único asesinato por el que deberán responder sus ejecutores. “Los identificamos rápidamente”, precisó el abogado Juan Carlos García Dietze, que representa a sus tres hijos. García Dietze contó que su aniquilamiento fue “registrado por una cámara de la federal, desde una ventana en el Obelisco”. Los acusados pertenecían a un grupo de Asuntos Internos que dispararon contra los manifestantes que se refugiaban en una plazoleta, en la avenida 9 de Julio casi esquina Sarmiento. Por esta causa estuvieron detenidos los 9 policías que están acusados como coautores, pero dada la demora en el inicio del debate llegan al juicio en libertad. García Dietze explicó que les cabe la misma responsabilidad porque “si 4, 5 o más personas se paran y disparan contra una muchedumbre, resulta indiferente qué proyectil causó la muerte”.

Durante más de 10 meses, los jueces del Tribunal Oral Federal n°6 escucharán a casi 600 testigos. Y también está previsto que durante las audiencias se dé a conocer el mapa y la cronología de los hechos que reconstruyeron los profesionales del Grupo de Física Forense del Centro Atómico Bariloche (GFF), que organizaron y analizaron cientos de videos y fotografías de aquella jornada trágica. Esta primera semana, el tribunal escuchará los argumentos de la acusación que involucra a 17 acusados.