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Luciano Arruga, desaparecido por la policía en 2009, había dejado el colegio pero era curioso. En un cuarto de hotel donde vivió había empezado a leer a Julio Verne. Le habría gustado estudiar guitarra, hacer boxeo e ir a la cancha a ver a River, pero no podía, ni siquiera trabajando hasta doce horas continuadas en una fundidora de metal para hacer hebillas de zapatos. “Es el hecho más grave de violación a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires” asegura el abogado del Cels Maximiliano Medina.

6 de marzo de 2009. Se organiza en Lomas del Mirador una marcha para reclamar justicia por el asesinato del profesor de educación física Hernán Landolina y el florista de Susana Giménez Gustavo Lanzavecchia. Las cámaras de televisión desestimaron a los familiares de Luciano Arruga que llegaron hasta allí para pedir su aparición con vida.

Abril de 2009. - Es desplazada la fiscal de la causa Roxana Castelli, acusada de distraer el expediente y delegar la pesquisa en los propios policías del destacamento, que Vanesa Orieta ya había señalado en su primera declaración como sospechosos de la desaparición de Luciano. El año pasado, el Cels, APDH La Matanza y la familia, le iniciaron un juicio político a ella y a la fiscal Celia Cejas, pero el expediente avanza lento.

 -Los registros de localización de los patrulleros revelan que dos móviles estuvieron dos horas y media en un predio llamado Monte Dorrego. Un perro adiestrado olfatea rastros de Luciano. El rastrillaje ordenado por la fiscal Celia Cejas no relevó todo el campo, los informes del georradar tardaron muchísimo y no quedaron constancias en un acta. “Se hizo tan mal que tuvo que repetirse a los dos años”, dijo a Infojus Noticias Maxi Medina, el abogado del Cels que lleva adelante la querella. “El día que se iba a comenzar, un abogado anunció que había un testigo que sabía dónde estaba Julio López. Todo fue falso, pero el georradar se utilizó allí y demoró diez días el segundo rastrillaje”.

Julio de 2009. Una pericia determina que los libros de detenidos que llevaba la dependencia estaban adulterados. Había nombres tachados, incluso con corrector, la noche de la desaparición de Luciano y otras anteriores. El Ministerio de Seguridad provincial no sancionó ningún policía.

3 de agosto de 2009. Dos jóvenes irrumpen en vivo ante las cámaras de CQC con una bandera que exigía el esclarecimiento del caso. Son retirados por personal de seguridad al aire, y criticados por los conductores. Una semana después, el programa hace un informe sobre el tema y el caso llega a la televisión.

Agosto de 2012. En medio del estancamiento de la pesquisa, y luego de varios pedidos, el gobernador Daniel Scioli recibe a la familia, acompañada por APDH La Matanza y la Comisión Provincial por la Memoria. Prometió donar el Destacamento a familiares y amigos para que levanten un centro cultural y un sitio de memoria, condenar públicamente la desaparición de Luciano y exonerar a los ocho policías del destacamento de Lomas del Mirador sospechados de su tortura y secuestro. Cumplió parcialmente, mucho tiempo después.

7 de enero de 2013. Detienen y exoneran a Julio Diego Torales, en el marco de una causa paralela que investiga “severidades y vejaciones” contra Luciano, en la misma dependencia, en septiembre de 2008. “¡Vos me pegabas mientras otros dos me sostenían!”, dijo Luciano cuando lo soltaron, según contó su madre Mónica Alegre.

9 de enero de 2013. A pocos días de cumplirse el cuarto aniversario de su desaparición, el juez criminal de La Matanza, Gustavo Blanco, declinó su competencia y la causa pasó al fuero Federal. La recibe el juez federal de Morón Juan Pablo Salas. Además, la causa se recaratuló de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada”.

1 de febrero de 2013. Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fekter, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y Damián Borrego son pasados a disponibilidad. El fiscal Carlos Stornelli, los había pasado en abril de 2010 -siendo ministro de Seguridad de la provincia- cuando el caso aún repicaba en la prensa, pero en julio de ese año los reincorporó en otras jurisdicciones.

2 de octubre de 2013. Varios meses después del traslado de la causa, llega un legajo reservado que demostró que la fiscal Cejas había intervenido el teléfono fijo, y los celulares de Vanesa Orieta, Mónica Alegre –su madre- y sus abuelos, sospechando que sabían dónde estaba. “Los intervino desde que tomó la causa y durante un año y medio. Ahí cerró el círculo de impunidad: entendimos por qué no está Luciano”, denuncia el abogado querellante.

Noviembre del 2013. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comienza a trabajar en el último lugar donde se vio con vida a Luciano. La medida fue resuelta por el juzgado Federal N° 1 de Moron después de que el Secretario de Derechos Humanos, Martin Fresneda, visitara el acampe de familiares y amigos de Arruga se comprometiera a “articular todas las políticas que sean necesarias para lograr que la Justicia fije fecha para comenzar la prospección que el EAAF debe realizar en este lugar para detectar cualquier rastro que el paso de Luciano haya dejado”.

Diciembre de 2013. El intendente de La Matanza cedió a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de esa localidad, el inmueble donde funcionó el destacamento policial en el que desapareció Luciano Arruga en 2009, para que ahí funcione un espacio de la memoria. Era uno de los dos pedidos de los familiares. El otro era la intervención del  Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Abril de 2014. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presenta un habeas corpus para conocer el paradero del joven. “Las incontables irregularidades judiciales cuando la causa estuvo radicada en el Departamento Judicial de La Matanza explican el fracaso de la justicia provincial para determinar que pasó. Sin embargo, las primeras obstrucciones a la averiguación de la verdad provinieron justamente de parte de agentes de la Policía Bonaerense”, explicó el comunicado. Luego sería rechazado hasta llegar a la Cámara de Casación Penal.

Julio de 2014. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al habeas corpus presentado por los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que representan a la familia de Luciano Arruga.  “No puede pasarse por alto que a casi cinco años y seis meses desde el inicio de la investigación penal, NADA se supo acerca del paradero del menor, sumado a las serias irregularidades advertidas durante el comienzo de su tramitación”, dicen los jueces en el fallo.

19 de septiembre de 2014. Se conoce la noticia de la detención de tres jóvenes, dos de ellos testigosdel caso por la desaparición de Luciano Arruga, por policías en Lomas del Mirador, localidad de La Matanza.  Antes de ser golpeado, y en un intento de defenderse, el joven que expresó ser amigo de Luciano. La respuesta del policía fue: “¿Qué Luciano?, ¿qué me importa?” y posteriormente “cómo chapean con Luciano Arruga...”.

23 de septiembre de 2014. Se realiza audiencia con funcionarios de distintas dependencias de del Estado nacional y provincial. Asisten la ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martin Fresneda, y el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba. También participaron representantes del Programa Nacional de Protección de Testigos, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

15 de octubre de 2014. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires aumenta a un millón de pesos la recompensa para quienes aporten información fehaciente que contribuya a dar con el paradero o esclarecer la desaparición de Luciano. La resolución firmada por el titular de la cartera de seguridad bonaerense ofrecía de 300 mil a un millón de pesos por nuevos datos.