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Todos los integrantes del máximo tribunal firmaron la acordada 21/2013 del 6 de agosto. La que dice que los “techos presupuestarios” fijados por el Poder Ejecutivo “resultan insuficientes” para el “nivel de necesidades mínimas de esta Corte”.  El presupuesto, explicaron desde la Corte,  contempla la compra de inmuebles y la construcción de dos edificios: uno destinado al archivo general y otro que albergará la Morgue Judicial y el Cuerpo Médico Forense.

Para la elaboración del presupuesto  2014 “ha primado el criterio de establecer los requerimientos de manera prudente y moderada”, aunque se han fijado “los valores impostergables que aseguren el accionar de la justicia”. Para 2013 la Corte Suprema había solicitado  2.122 millones de pesos, y para 2012, 1.817 millones, lo que representa un aumento continuo en los valores pedidos.

Actualmente el presupuesto del Poder Judicial se compone de dos partes. El presupuesto de la Corte Suprema por un  lado, y el del Consejo de la Magistratura por otro. El Consejo es el encargado de administrar toda la estructura del Poder Judicial, a excepción de la Corte Suprema. En ocasión de la reforma propuesta recientemente para el Consejo de la Magistratura - declarada inconstitucional por la Corte -, el proyecto inicial planteaba que fuera el Consejo (con una composición democrática) el encargado de administrar la totalidad de los recursos. Sin embargo, antes de que el proyecto fuera aprobado en el Congreso se llegó a un acuerdo y este artículo se cambió, para que la Corte Suprema continúe a cargo de administrar su propio presupuesto y decidir sobre los aumentos de salarios de los empleados y funcionarios. Así sucedió la semana pasada cuando el máximo tribunal le pidió a la Jefatura de Gabinete que le girara fondos para dar un aumento del 10 por ciento en los sueldos.

Aún así, el artículo 114 de la Constitución Nacional, que establece las competencias del Consejo de la Magistratura, le atribuye expresamente la potestad presupuestaria del Poder Judicial. Todavía resta que éste elabore su presupuesto para 2014. El año pasado pidió 6.462 millones de pesos. Una vez confeccionados ambos presupuestos, -el de la Corte y el del Consejo-, deben ser enviados al Poder Ejecutivo para que se incorporen al nacional, que se envía al Congreso para su aprobación.

Según el desglose previsto por  la Corte Suprema  en 2014 se destinarían 1.944.502.426 pesos a “gastos de personal”. El cálculo contempla 3935 cargos de la planta del máximo tribunal. Mientras que 27.666.007 pesos serán destinados a “bienes de consumo”; 126.305.135 pesos a “servicios no personales” y 749.386.683 pesos a “bienes de uso”.

La acordada -con la firma de Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay, Elena Hitghon de Nolasco, Eugenio Zaffaroni, Juan Maqueda, Carlos Fayt y Enrique Petracchi- también expresa que es “necesario realizar modificaciones en la normativa vigente para establecer mecanismos que permitan lograr eficiencia y autonomía en la gestión presupuestaria”.