De un lado quedaron las casas de la villa y, del otro, el estacionamiento “privado” para los directivos de la empresa. Este año la jueza Lidia Lago ordenó al gobierno de la Ciudad que demoliera el muro y removiera “cualquier obstáculo existente a fin de garantizar la libre circulación por las referidas arterias". Pero el gobierno porteño apeló la medida.
Los jueces Juan Lima, Mabel Daniele y Esteban Centenaro son quienes deben resolver si se derriba o no el muro que cierra una calle en el barrio de Barracas, convertido en un estacionamiento para los empleados jerárquicos de Clarín. La jueza Lidia Lago había ordenado al gobierno de la Ciudad demoler el muro pero el ejecutivo porteño apeló esta decisión. Desde junio pasado que los “autos están a resolver” por los magistrados que cuentan con el dictamen del fiscal pide confirmar lo resuelto por Lago y demoler el muro.
A principios de los ’90, la planta impresora del diario Clarín se instaló en el barrio de Barracas y decidieron cerrar una calle pública, la calle Hilario Ascasubi al 3200, para un estacionamiento. Primero lo hicieron con un alambrado, que los vecinos de la Villa 21-24 pudieron sortear, pero después con un muro de cuatro metros de altura que hizo que deban utilizar caminos alternativos, menos iluminados y linderos con el Riachuelo.
Por el muro, de un lado quedaron las casas de la villa y, del otro, el estacionamiento “privado” para los directivos de la empresa. En 2013, el legislador Aníbal Ibarra, la ex legisladora María Elena Naddeo, el diputado Juan Cabandié (FpV), y Luis Otazo -en representación de los vecinos de la Villa 21-24-, presentaron un amparo por el muro en la Justicia.
Luego de vario años, el 6 de abril pasado la jueza Lago ordenó al gobierno de la Ciudad a demoliera el muro y removiera “cualquier obstáculo existente a fin de garantizar la libre circulación por las referidas arterias” en un plazo de diez días. Pero el gobierno, a través de la Procuración General de la Ciudad, apeló la sentencia y la demolición quedó en suspenso.
Trabas formales
Ni bien conocida la apelación, el procurador porteño, Julio Conte Grand le dijo a este medio: “Apelamos el tema de la legitimación procesal activa, que es una batalla judicial que venimos librando”. También detalló que esto se trata de “los planteos de legisladores en los amparos colectivos”. “Lago, hizo lugar a la legitimación” y “después falló”, dijo. Uno de los amparistas, el legislador Aníbal Ibarra, sostuvo en ese momento: “Detectan que hay un muro y empiezan a discutir si el que se los dice tiene legitimidad, es un disparate” dijo y agregó que “están poniendo trabas formales” porque “lo que no quieren hacer es demoler un muro ilegal”.
Los jueces de la sala II en lo Contencioso, Administrativo y Tributrario (CAyT) son quienes deben decidir ahora sobre la apelación del Gobierno de la Ciudad. Para ello ya cuentan con un dictamen del Equipo Fiscal “A” que sostiene que “los fundamentos de la sentencia no han sido eficazmente rebatidos en la apelación, toda vez que los planteos del Gobierno se limitan a reiterar de una manera ciertamente genérica que los actores carecen de “interés legítimo y directo” en la demolición del muro”.
Para el equipo fiscal, la apelación del gobierno porteño no pone en “crisis” los argumentos de la jueza Lago que fundamentó que los legisladores “han logrado demostrar una afectación concreta de su derecho —colectivo— a transitar libremente por las calles de la Ciudad generada por la omisión imputada al Gobierno local”. Por eso pidieron que se rechace la apelación del gobierno porteño y se confirme lo decidido por la jueza Lago. Todo está en manos de la Cámara CAyT que tiene la causa “a resolver”.
GA/AF