Infojus Noticias

La AFIP detectó una transferencia sospechosa del empresario y político mexicano Gregorio Sánchez Martínez y lo denunció ante la justicia. El ex alcalde de Benito Juárez, una ciudad próxima a Cancún, estuvo preso en su país por presuntos vínculos con la organización narcocriminal del clan Beltrán Leyva y con “Los Zetas”, uno de los carteles más sanguinarios de México. Según los investigadores de la AFIP, “Greg” y su mujer compraron un campo de 930 hectáreas en la provincia de Entre Ríos, pero lo registraron a nombre de su hijo mendocino de tres años.

Gregorio y  Niurka Alba Sáliva Benítez, su esposa cubana, visitaron la seccional Posadas de la AFIP en noviembre de 2013, para consultar cómo debían proceder para ingresar dinero del extranjero. Tres meses después, la AFIP detectó la escrituración de un campo por un valor de dos millones de dólares, a nombre del pequeño Neftalí Gregorio Sánchez, que apenas estaba por entrar al jardín de infantes. El pago de la operación se había realizado mediante el cheque Nº 1199408468 del JP Morgan Chase Columbus HO, debitado de una cuenta de Sáliva Benítez. La maniobra obedece a las características típicas de una operación de lavado de dinero, y por eso quedó bajo la lupa del órgano de recaudación fiscal.

El detonante para que los investigadores pusieran el ojo sobre la operación fue que no hay registros de actividad económica del hombre mexicano ni de la mujer cubana desde que llegaron al país. Otro indicio que llamó la atención de los inspectores fue que la operación no había sido bancarizada. Fuentes judiciales informaron a Infojus Noticias que Sáliva Benítez declaró ante el escribano de la transferencia que el dinero provenía de la liquidación de una sociedad de la que formaba parte, de la que obtuvo poco más de tres millones de dólares. La sociedad se llamaba GNA DOLPHIN LLC.

Infojus Noticias accedió a documentación exclusiva de tres operaciones financieras de Sánchez Martínez realizadas en México en 2006, 2008 y 2009. Se trata de las tres operaciones (una transferencia, un depósito en efectivo y el otorgamiento de un crédito) que las entidades bancarias reportaron como sospechosas ante la oficina antilavado mexicana. Ese órgano registró operaciones de depósito y retiro de grandes sumas de dinero en más de una decena de cuentas de distintos bancos.

Como resultado de la investigación, la AFIP informó mediante un comunicado de prensa que suspendió preventivamente el CUIT del empresario mexicano, remitió un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información Financiera con los detalles de la compra del campo entrerriano, e informó de la investigación al ente recaudador de esa provincia, “a los efectos de coordinar acciones conjuntas por la operatoria de explotación de campo”.

Un experiodista

A raíz de la denuncia, se abrió un expediente ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Posadas, a cargo de la jueza Verónica Sanata, para investigar si la transferencia fue realizada con fondos provenientes de una actividad ilícita y determinar si se incurrió en el delito de lavado de dinero o si se trata de un caso de evasión fiscal. En Posadas, el mexicano tiene varias propiedades de mucho valor. El campo que compró en febrero está ubicado a quince kilómetros de la localidad entrerriana de La Paz, y alberga a la Estancia San Silvestre. En la estancia se destaca una pileta muy cercana al río y un flamante casco de grandes dimensiones.

El empresario se dedicaba al periodismo en México, y había sido conductor de radio en las emisoras Radio Turquesa y Caribe FM. Su carrera política comenzó en 2007, con la campaña para presidir el municipio de Benito Juárez, una localidad del estado Quintana Roo. Ganó las elecciones, y en 2008 asumió al frente de esa ciudad. En abril de 2010 pidió licencia y se abocó a la campaña para disputar la gobernación del estado. Un mes después, fue detenido por la Procuraduría General de la República, por supuestas vinculaciones con el crimen organizado.

La información surgió del testimonio de un testigo protegido conocido como “Wicho”, que formaba parte del cártel de Los Zetas. El testigo aseguró que “Greg” se reunía con “el Chapo” Guzmán, capo de esa organización narcocriminal. Lo acusaron por delitos contra la salud, delincuencia organizada, lavado de dinero y hasta tráfico de personas. Estuvo encerrado en el penal de El Rincón, una unidad penitenciaria de máxima seguridad. Recién en julio de 2011 recuperó su libertad, después de ser sobreseído. Al año siguiente se postuló como candidato a senador, pero nuevas sospechas sobre desvío de fondos públicos lo apartaron de la disputa política.