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La asociación Justicia Legítima reclamó que el Poder Judicial “cumpla de inmediato con el ingreso democrático, plural e irrestricto”, tal como dicta la ley y como ya lo hicieron la Procuración y la Defensoría General de la Nación. Mediante un documento de fin de año, el colectivo que promueve la democratización de la Justicia también propuso un debate amplio sobre la integración de la Corte Suprema y la implementación del modelo acusatorio en el proceso penal.

Esta noche se reunirán para despedir el año en la sede porteña de la Sociedad Argentina de Escritores, en Uruguay 1371. En el “brindis” se encontrarán las titulares de los ministerios públicos Alejandra Gils Carbó y Stella Maris Martínez, el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, el ex juez español Baltasar Garzón, el consejero Jorge Candis y la jueza María Laura Garrigós de Rébori, entre otros referentes de la agrupación.

Justicia Legítima solicitó “con carácter urgente” que se implemente “el modelo acusatorio y democrático consagrado en el nuevo Código Procesal Penal”. Dijeron que “la actuación de los jueces y del ministerio público no puede provocar demoras ni prescripciones en las causas”, como sucedió con el expediente de la tragedia del Colegio Ecos. “Una justicia tardía no es justicia”, insistieron. Y concluyeron: “Queremos asegurar un servicio de justicia transparente y en tiempo oportuno”.

El colectivo convocó “a todos los ciudadanos, a las organizaciones sociales, gremiales, profesionales, a los organismos de derechos humanos y a las universidades de todo el país, a una jornada abierta en el mes de febrero de 2015 para seguir avanzando con estas ideas como punto de partida”. En el documento de fin de año se refirió a la vacante que deja Zaffaroni en la Corte, y pidió “que sea la oportunidad para generar un nuevo paradigma en la estructura, integración y procedimiento” del máximo tribunal.

Amplió el debate sobre la integración de la Corte y planteó que “la Constitución Nacional prevé un cuerpo colegiado como cabeza del Poder Judicial, para que sea expresión la diversidad de la sociedad a la que debe juzgar”. Con el fallecimiento de los ministros Enrique Petracchi y Carmen Argibay se empezaba a cumplir la composición legal de los cinco miembros, pero Eugenio Raúl Zaffaroni ya había anticipado su retiro.

“A lo largo de la historia la Corte cambió el número de sus miembros en varias oportunidades, aunque nunca menos de cinco ni más de nueve", repasaron desde la asociación. Y tomaron posición frente a la idea de no elegir un reemplazante para el penalista. “La falta de integración no sólo incumple las disposiciones constitucionales, sino que deslegitima la labor de la Corte Suprema porque restringe las opiniones y hace menos democráticas sus deliberaciones”, indica la nota. Y concluye: “Cuantas más ideas más democracia. En este caso más es mejor”.

La idea de “mayor participación ciudadana en la composición de los tribunales” también está presente en el comunicado. El colectivo explicó que “favorece la idea de legitimidad de las decisiones del Poder Judicial” y convocó a ampliar y profundizar las “iniciativas destinadas a capacitar desde nuevas perspectivas a operadores jurídicos comprometidos con la defensa de los intereses populares y los derechos humanos”. Puso como ejemplo a la Escuela del Servicio de Justicia, creada por ambos ministerios públicos.

Justicia Legítima también se refirió al ingreso democrático, implementado por la ley 26.861 para el Poder Judicial y lo ministerios públicos en el marco del paquete de reformas para democratizar la Justicia. Y pidió que “el Poder Judicial, como ya lo hicieran la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, cumpla de inmediato con el ingreso democrático, plural e irrestricto”.

Desde el Ministerio Fiscal y el de Defensa se abrieron los concursos y ya ingresaron cientos de nuevos trabajadores bajo los procedimientos legales, pero en el Poder Judicial sólo se recibieron solicitudes para los trabajos de técnico auxiliar, administrativo y técnico jurídico. No se convocó a los exámenes ni se continuó el proceso. “Una vez más insistimos en que abrir las puertas de los tribunales al mayor número de aspirantes más allá del apellido, de la condición social o económica o de las creencias religiosas o políticas es una condición necesaria en el camino de una mejor sociedad”, concluyó la asociación.

La justicia de los grupos económicos

“Es imprescindible discutir cuál es la justicia que se corresponde con el Estado de Derecho, cuáles son las condiciones que aseguran un Poder Judicial independiente y cuáles son los límites que la Constitución Nacional impone a los magistrados en el ejercicio de sus funciones”, resumieron los operadores judiciales que militan por la transformación del único poder que no está legitimado por el voto popular.

Advirtieron que “son signos preocupantes” las presentaciones judiciales en distintos fueros realizadas “como forma de dirimir diferencias y conflictos que no debieran, en principio, ser llevados ante la justicia”. Dijeron también que “otro tanto sucede con la permanente amenaza y concreción de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo”.

Destacaron que esas situaciones “son expresiones inequívocas de un modelo de judicialidad que procura mantener intereses y privilegios de grupos económicos concentrados, de medios de comunicación monopólicos y de sectores fuertemente corporativos del Poder Judicial”, un modelo que “vulnera la división de poderes, distancia cada vez más a las mayorías populares del sistema de justicia y, lo que es aún más grave, lo hace en nombre de una supuesta independencia que debe ser denunciara por lo que encubre”.

Concluyeron que la independencia de los jueces y el control de constitucionalidad, “lejos de consagrar la omnipotencia del Poder Judicial, son garantías del orden democrático”. Y denunciaron a “los lazos que vinculan a miembros de la justicia o a sus familiares con organizaciones y grupos poderosos e influyentes” como “síntomas de un entramado perverso”.