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Un inspector laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires clausuró en 2008 las instalaciones de Iron Mountain en Barracas, pero el expediente desapareció. Poco después del incendio que provocó una decena de muertes, la justicia prohibió el ingreso al predio durante la investigación que busca determinar las causas. Nadie puede ingresar sin autorización expresa. Pero el ingeniero Edgardo Castro, que trabaja desde 2005 como inspector en la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denunció que la semana pasada vio empleados de la compañía sacando documentación de las ruinas del edificio y cargándola en contenedores.

“Me avisaron de ahí adentro que una empresa norteamericana iba a venir a buscar documentación, pero en principio no podía sacarla. Me acerqué y vi que estaban demoliendo. En el medio, hay toneladas de papel que todavía se está quemando”, relató. Y explicó que “al costado había unos tipos con chaleco verde, que aparentaban ser de Defensa Civil”. Castro aseguró a Infojus Noticias que esas personas “estaban retirando cajas con el logo de Iron Mountain y cargándola en contenedores para llevársela”.

Cuando se acercó a tomar fotos y filmar con su celular, los hombres lo sacaron del lugar. “A un par de metros estaba la policía, que me había dejado acercarme, pero me terminaron echando estos tipos que claramente trabajan para la empresa”. Según la versión de Castro, los empleados de la empresa “se están llevando documentación sensible a otros dos locales clandestinos en Avellaneda, uno que alquilan en Pilar y otro en Malvinas Argentinas”.

Uno de los procesos judiciales busca determinar las causas del incendio, y tramita en el juzgado nacional de instrucción en lo criminal, a cargo de Pablo Ormaechea. El otro expediente es por presunto lavado de dinero, y surgió de la investigación de AFIP, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Surgió en la última semana, a partir de la denuncia formal ante el juzgado criminal y correccional federal, a cargo de Sergio Torres.

Edgardo Castro es ingeniero en Seguridad Ambiental y licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo. Denunció además que los otros tres edificios de Iron Mountain en la ciudad de Buenos Aires tampoco cumplen las condiciones mínimas de habilitación. Esos depósitos están en La Boca, Villa Lugano y Parque Patricios. “En igual o peor estado que el de Barracas”, sostuvo el ingeniero. Ezequiel Sabor, el funcionario PRO que está a cargo de la Subsecretaría de Trabajo –la dependencia que realiza las inspecciones laborales–, había premiado a la empresa por ser una de las tres primeras en instalarse en el distrito tecnológico.

El Gobierno porteño mantuvo vínculos contractuales con Iron Mountain, y todo indica que aún están vigentes. En algunos barrios de la ciudad, hay instituciones educativas del nivel primario que el año pasado recibieron las computadoras del Plan Sarmiento en cajas con el logotipo de esa empresa. “Al clausurarla, automáticamente se caen los contratos que tenga con el Estado”, explicó Castro. Y resumió: “Es regla general y constante que esas actas y expedientes de clausura desaparecen a los pocos días que las presentamos”.