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La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció el acceso al agua potable como un derecho humano que debe ser tutelado por los jueces. Lo hizo en el marco de una demanda presentada por vecinos de la localidad de 9 de Julio contra la empresa de Aguas Bonaerenses SA (ABSA) por el alto nivel de contaminación de arsénico en el agua. Además, el máximo tribunal ordenó a los jueces de tribunales inferiores que traten el reclamo como un “proceso colectivo” y no como demandas individuales.

“Existe la necesidad de una tutela judicial urgente, en la medida que está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas y al mismo tiempo existe una demora (…) en la solución definitiva de esta situación”, sostiene la resolución, que lleva la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

Hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la Corte dejó firme una medida cautelar de un juez de primera instancia que obliga a la empresa ABSA a proveer bidones de agua potable a las personas y las instituciones educativas ”en la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades básicas de consumo, higiene personal, y limpieza de manos y alimentos y cocción de éstos”.

La causa se inició con la demanda de 25 vecinos de 9 de Julio que presentaron un amparo para que la ABSA garantice “la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario, según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud”. La denuncia se basó en los altos niveles de arsénico que superaban los niveles establecidos en la legislación.

El Juzgado de Garantías 1 de Mercedes ordenó a la empresa que garantice el suministro del agua en bidones y dispuso un análisis periódico de la calidad del agua. También aceptó la incorporación de otros 2641 demandantes. La Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó el fallo y la empresa recurrió a la Corte Suprema.

El máximo tribunal rechazó la apelación de ABSA y mantuvo la cautelar. “Está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas y al mismo tiempo existe una demora de la demandada en la solución definitiva de esta situación”, sostiene la resolución. Además, se instó a los jueces que intervinieron a que traten el tema como un planteo colectivo.

Ahora la causa volverá al Juzgado de Mercedes que deberá encarar el expediente como un proceso colectivo.