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Tres semanas después de que su Policía Metropolitana moliera a palos a los periodistas que habían ido cubrir la represión en el Hospital Borda, Mauricio Macri recordó que hay un derecho llamado libertad de expresión y le pareció oportuno establecer un régimen para “defenderla” y “resguardarla”. Como es visible, usó el recurso de zambullirse y copar la escena judicial para producir un doble efecto: embarrar, a favor del Grupo Clarín, la pulseada legal alrededor de la Ley de Servicios de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y generar un hecho político, un acontecimiento estruendoso que lo coloque a la cabeza de la oposición contra el Gobierno nacional, con la garantía del sostén de los medios dominantes que de pronto lo erigieron en adalid de la vida democrática.  

El texto del DNU del jefe de Gobierno porteño no exhibe razones de necesidad y urgencia, se planta por sobre la legislación federal, se inmiscuye en el derecho civil y las reglas procesales, y blanquea que su razón de ser es impedir la aplicación de la Ley de Medios a los conglomerados mediáticos afincados en la Ciudad de Buenos Aires, aunque provengan de otra jurisdicción. Lo hace después de que el diario La Nacióninstalara la versión, aún sin sustento, de que el Gobierno nacional intervendrá Clarín, una idea que al común de la gente se le embrolla con el proyecto de expropiar Papel Papel Prensa. Elige un contexto de alta sensibilidad, ahora que la Corte Suprema está en condiciones de fallar sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios en el caso Clarín.

La medida no tiene impacto directo en el expediente supremo. Pero empioja, colabora con un clima enrarecido y exalta a la tribuna antigobierno. A la vez, regala al multimedio una herramienta más para seguir batallando en tribunales en caso de que el más alto tribunal le falle en contra. Si la Corte dice que la LSCA es constitucional, el grupo podrá invocar los nuevos axiomas del macrismo. En la arena judicial, el tiempo se precia –a menudo—cuanto más largo. Para el caso implica perpetuar el esquema de concentración de medios mientras se sortean procesos electorales claves.

La definición de Macri de libertad de expresión y de prensa no es lo bondadosa que parece. El DNU está cargado de citas textuales de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros pactos internacionales, hace rato incorporados a nuestra Constitución Nacional, de la que también reproduce extractos, igual que de la Constitución de la Ciudad. Una redundancia que no suma ni resta nada, como dijeron estos días variopintos constitucionalistas.  Pero el decreto confunde libertad de empresa con libertad de expresión. Se empecina en impedir la regulación del Estado en la actividad empresarial. Para eso despliega argumentos casi idénticos a los que usó hace días nomás la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial al declarar la inconstitucionalidad parcial de la LSCA para evitar el límite establecido a la concentración de canales de cable y al universo posible de abonados.

Ese tribunal (célebre por el viaje a Miami de algunos de sus integrantes invitados por una entidad, Certal, con lazos con Clarín, e irritado con la reforma judicial) dijo que la obligación de resignar licencias provoca una pérdida de rentabilidad, un concepto que equiparó con la pérdida de libertad de expresión, al atacar en esencia el núcleo antimonopólico de la ley, lo que más importa. Favorecer el negocio, aunque quede en manos de unos pocos –entendió—es dar lugar a la pluralidad de voces.

La mayor síntesis de ese concepto en el nuevo régimen PRO es el artículo 12 del DNU, que señala que para favorecer la diversidad en cuestión, domiciliados en suelo porteño  “estarán sujetos a las leyes de defensa de la competencia que dicte el gobierno nacional (…) pero estarán exceptuados de aquellas dictadas exclusivamente para los medios de comunicación”, léase Ley de medios. A juzgar por el análisis del especialista Damián Loreti, si los macristas estaban atentos al sistema de derecho internacional, les faltó decir que ya la Relatoría para la libertad de expresión de Naciones Unidas dijo que el parámetro de las leyes de defensa de la competencia es totalmente insuficiente para garantizar el pluralismo.

El decreto se autodefine en contraposición al kirchnerismo, entronizando como su razón de ser a los “actos y normas del Gobierno Nacional” que “podrían avasallar” derechos y garantías. Alude a “las recientes restricciones a la libertad de prensa” y dice que “en los últimos días se han registrado ataques contra los dos pilares el sistema democrático: la independencia de la justicia y la libertad de prensa”. Pero no especifica de qué ataques la habla. Legalmente encuentra una limitación: si a los 30 días no lo refrendó la Legislatura, cae.

En su sucesión de artículos impide, con el argumento de evitar la censura,  modificar o imponer la grilla televisiva, con lo cual no se garantiza la difusión de contenidos ni, por ejemplo, de la cadena nacional.  Dice que no se puede suspender, interrumpir, demorar la actividad de los periodistas, lo que puede afectar la libertad sindical. Regula  en materia impositiva, para eximir de gravámenes a los medios. Limita las posibilidades de sanción desde el Estado, algo previsto por la LSCA.  Protege de expropiaciones incluso ante “motivos de  utilidad pública” y veda la posibilidad de que el Estado actúe de oficio para reasignar o transferir licencias si surgen obstáculos para que el Estado licite. Todas medidas útiles para que Clarín siga exceptuado de adecuarse a los límites de licencias establecidos por la nueva ley, o para que se defienda de eventuales intervenciones o expropiaciones.

La creación de un fuero especial de libertad de expresión en los tribunales porteños es una opción que no espanta a todos los expertos. Aunque sí alarma que, hasta su creación, actúe en reemplazo el Superior Tribunal de la Ciudad: en esa Corte hay sólo una jueza que no es afín a la gestión PRO, además de que genera un salto de hecho de instancias. En rigor, sería una instancia única.

El año pasado la Corte Suprema de la Nación falló a favor del Estado nacional, cuando impidió que la provincia de San Luis comenzara a aplicar su propia Ley de Medios (con la que desafiaba a la Ley nacional). El alto tribunal dio supremacía a ley federal. Claro que siempre puede cambiar de opinión según sople el viento, pero es un antecedente reciente. En principio, a futuro, las reglas Macri serán objetadas con amparos  y no parecen tener un gran destino, lo que no quita que hoy sean perturbadoras, y que hoy sirvan a los fines políticos y la puesta en escena de Mauricio Macri.

El jefe de Gobierno no es de tomar grandes iniciativas políticas. Después de la pelea por el subte se limitó a generar bicisendas y a derrumbar el taller protegido del Borda. Con el decreto PRO Clarín, que incita  que adopten otras provincias –algo que podría ocurrir según tuiteó Felipe Solá--   y su mentalidad empresarial, apuesta a posicionarse como líder en el enfrentamiento con el Gobierno en un momento en que su fuerza encuentra  dificultades en la alianza que había pensado con Roberto Lavagna y en el armado en el interior del país. Para sostener su imagen endeble, necesita de los medios más poderosos.