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Leydi llegó a la Argentina a mediados del año pasado. A ella le habían prometido casa, comida y un trabajo bien pago. En el aeropuerto le dijeron que pasaría una noche ahí y al día siguiente viajaría a Posadas. “¿Por qué?”, preguntó la joven de 19 años. “Acá ya tenemos muchos, te necesitamos allá”, le contestaron. Esa noche Leydi se dio cuenta que nada era lo que le habían prometido. Durmió en una habitación con cuchetas separadas por cortinas. En la casa había quince personas más. Todos eran colombianos, como ella. Al día siguiente, en el aeropuerto, pidió cambiar su pasaje, quería volver a su país. Le dijeron que no. Que si quería volver se arreglara sola. Leydi se acercó a un policía y le contó todo. La habían engañado.
 
La situación de Leydi, como la de muchos de sus compatriotas, se repetía en toda la Argentina. Por eso se realizó ayer el operativo más grande desde la sanción de la ley de trata, en 2008. En un solo día se rescataron 245 víctimas de explotación laboral. La mayoría eran colombianos, como Leydi. Los operativos se realizaron en al menos diez provincias: Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Fe, Jujuy, Salta, Chaco y Tucumán. La mayoría de las víctimas eran mayores, aunque había algunos menores de edad. De la totalidad de personas rescatadas, muchas decidieron regresar a Colombia, por lo que se encuentran a resguardo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hasta tanto se produzca su retorno voluntario.
 
En total se hicieron 69 allanamientos, muchos en simultáneo, y hubo 23 detenidos. El operativo comenzó ayer las 9 y se prolongó hasta la madrugada de hoy. Al frente estuvieron los profesionales del Programa Nacional de Rescate, fuerzas especializadas del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Desarrollo Social, la AFIP y la Dirección Nacional de Migraciones. Todavía restan 16 allanamientos que se desprendieron del operativo, que se realizarían en los próximos días.
 
En todos los lugares allanados la escena seguía un patrón: los mismos placards de cintas de plástico de colores, las idénticas fábricas precarias en las que se fundía el plástico y las improvisadas carpinterías donde se armaban las estructuras de los muebles. Las víctimas explotadas trabajaban y dormían en el mismo lugar. Los escenarios: todos barrios de las periferias urbanas, con calles de tierra, perros ladrando y santuarios del Gauchito Gil cerca.
 
“En otros operativos se ha trabajado coordinadamente con México y España, en lo que es trata para la explotación sexual. Pero es la primera vez que se desarma una organización internacional”, explicó a Infojus Noticias Zaida Gatti, titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
 
Según se desprende de la investigación judicial, la organización funcionaba desde hace tres años. En Colombia, una persona les ofrecía a las víctimas trabajo “en el exterior”. Le daban un pasaje y cuando llegaban al país, sin saber de antemano a dónde se dirigían, hacían un viaje por tramos. En cada uno de los trayectos contactaban diferentes personas, que les daban otro pasaje para el siguiente tramo, desconociendo el destino final. Cuando llegaban al galpón o la vivienda, se veían obligados a trabajar haciendo muebles con cintas plásticas. Los productos se vendían casa por casa en domicilios particulares. Los llevaban en un carrito que acarreaban en bicicleta. La modalidad del cobro era en cuotas. La primera la cobraba el vendedor y la segunda pasaba un recaudador en moto. Esa persona cumplía un rol más jerárquico en la organización.

La ganancia era el 10% de lo que vendían. Los precios de los muebles iban entre 600 y 900 pesos. Pero se les cobraba el pasaje, el alojamiento y la comida. Las víctimas siempre estaban en deuda. “Ya tengo 20.000”, dijo un hombre rescatado en Chaco que no se asumió como víctima y tenía la esperanza de cobrar su “sueldo”. Esa plata no figuraba en ninguna cuenta bancaria, tampoco en su bolsillo. Eran tan solo el producto de sus anotaciones informales.

Las víctimas no estaban privadas de su libertad. De hecho, el “trabajo” en sí era “venta ambulante”. Pero su libertad se encontraba coaccionada por la imposibilidad de contar con dinero para regresar a su país en el momento en que lo deseasen.

“Se trata de una organización aceitada. Estamos hablando de 25 personas a cargo de la red”, explicó a Infojus Noticias el fiscal federal Enrique José Senestrari.

Ayer, en Córdoba, se detuvo a uno de los cabecillas. El hombre era conocido como “el recaudador” y, según una de las hipótesis de la investigación, llegó al país el viernes pasado a ver el partido en el que se enfrentaron Colombia y Argentina. Camuflado entre otros colombianos, pasó desapercibido. Solía entrar a Argentina con documentación falsa. Entre las víctimas, el hombre era conocido como “el señor de la valija”. Venía al país una vez al mes y circulaba por las distintas provincias en las que funciona la organización recaudando la ganancia.

Córdoba sería el núcleo de la organización. Solo en esta provincia se realizaron 35 allanamientos, se identificaron 50 víctimas y quedaron detenidos ocho colombianos. En esa provincia el operativo tuvo consecuencias políticas: renunció a su puesto Liliana Juncos, que era asesora del edil justicialista Patricio Eduardo Serrano, en el Concejo Deliberante cordobés.

Una de las propiedades de la mujer fue allanada ayer. “En el domicilio de Juncos se verificó que había habido contactos de familiares de ella gestionando contratos de servicios a nombre de colombianos”, explicó el fiscal Senestrari.

Juncos estuvo al frente de la Subdirección de Jurisdicción de Programas Especiales de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. La mujer fue pareja de un hombre conocido en Córdoba como el “Caco Sosa". Con él tuvieron un hijo, Elio, que fue investigado en causas relacionadas al narcotráfico.
 
Según se desprende de la investigación judicial, en los últimos meses la organización también se dedicaba a realizar préstamos de dinero cobrando con cierta usura. Siempre en barrios pobres de las periferias de la ciudad. “Creemos que esto pasó porque ahora es más difícil sacar dinero del país, por eso tuvieron que acomodarse a esta situación”, explicó Senestrari.

Además de los 23 detenidos, entre los que figuran mandos medios de la organización, hay un pedido de captura internacional que pesa sobre quién sería el principal cabecilla de la red. El hombre solía venir al país junto con “el recaudador”, pero en los últimos meses habría advertido que una investigación judicial recaía sobre su persona, por lo que eligió quedarse en Colombia.

Parte importante de la organización estaba concentrada en la provincia de Santa Fe. Allí vivía una mujer que se encargaría de la importación del material utilizado para fundir el plástico y obtener las cintas con las cuales se confeccionaban los muebles. Mendoza, Chaco y Buenos Aires son otras de las regiones en las que más se concentraba el accionar de la red.

“La evaluación que hacemos del operativo es muy positiva. Sabemos que estaban buscando replicar esta operación en otros países de la región, por ejemplo, en Ecuador”, dijo Senestrari.