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En el Juzgado Federal de Paraná se tramita la etapa final del juicio de la causa Área Paraná, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la capital de la provincia de Entre Ríos. Una de las querellantes, en representación de la agrupación HIJOS, es Florencia Amore. Ayer por la mañana, mientras se encontraba trabajando en sus funciones como secretaria de Derechos Humanos, Salud y Educación de la Municipalidad de Paraná, desconocidos ingresaron a su domicilio de la calle Garrigó: robaron dos computadoras con información importante de la causa, desordenaron carpetas con anotaciones de la misma y dejaron sobre la mesa la lista de testigos víctimas citados a declarar en el juicio. Había dinero a la vista y otros elementos que no tocaron.

El robo causó sorpresa y consternación entre autoridades judiciales, políticas y quienes vienen desde hace muchos años militando por memoria, verdad y justicia, y de inmediato se lo vinculó a la participación de Amore en el juicio contra ocho represores como un claro acto intimidatorio. En particular al pedido de investigación que formuló la abogada por falso testimonio contra un expolicía federal que declaró el viernes.

El ingreso a la vivienda se produjo entre las 9 de la mañana y las 13.15 del mediodía, momento en que la casa se encontraba deshabitada, luego de romper el vidrio de una puerta del fondo.  En la habitación, revolvieron solamente la ropa de Amore, sin tocar la de su esposo; tomaron una carpeta de la abogada en la que lleva anotaciones y análisis personales de cuestiones del juicio, desordenaron los papeles y uno de ellos, que tiene la nómina de testigos víctimas, lo dejaron a la vista.

Por último, se llevaron dos computadoras (una notebook y una netbook) con numerosos archivos relacionados a la causa, en particular observaciones, anotaciones y valoraciones que fue realizando Amore durante las audiencias, sobre los puntos importantes para elaborar los fundamentos de la acusación. Sobre la mesada de la cocina había unos 2.300 pesos, así como otros elementos de valor en la casa, que fueron descartados por los intrusos.

En el domicilio trabajó personal de Criminalística de la policía levantando rastros, pero los ladrones habrían tomado los recaudos para no dejar o borrar las huellas. El juez federal Leandro Ríos dispuso de inmediato una custodia permanente a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional, luego del pedido que le formularon los fiscales generales José Ignacio Candioti y Ricardo Álvarez.

“Hablamos de violación de domicilio además de robo, porque entró compulsivamente gente extraña a su casa. Teniendo en cuenta que se le sustrajeron dos computadoras personales con información del juicio, que tenía plata cerca y no se le sustrajo, pensamos que el hecho podría tener vinculación con el desarrollo del juicio y ser un acto intimidatorio. Por eso pedimos la protección, sin perjuicio de la investigación que realice la justicia provincial”, explicó Candioti a Infojus Noticias. La fiscal de Paraná Melisa Saintpaul tiene a cargo el esclarecimiento del robo.

Repudio y solidaridad

La abogada y víctima del robo aclaró que el hecho no se trató de un robo común, y de inmediato recibió el apoyo y la solidaridad de autoridades y organizaciones de derechos humanos. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, manifestó: “Es muy evidente la provocación, la intención de meter miedo, pero no pueden ni deben conseguirlo. Algunos no lo quieren entender, la impunidad quedó atrás en la Argentina. Quiero expresarle mi total solidaridad a Florencia Amore y a su familia y pedirle que no afloje. Estamos orgullosos de su tarea y de los demás integrantes del equipo que asisten a las víctimas y a los familiares de las víctimas de aquellas atrocidades”.

La intendenta de Paraná, Blanca Osuna, afirmó que “este episodio tiene todas las connotaciones de una amenaza, de un apriete, estamos en vistas al proceso final del Juicio, casi en una etapa de resolución del fallo, de modo que no sólo estoy manifestando mi absoluta preocupación y solidaridad con Florencia Amore, sino además un pedido expreso de que se investigue a fondo esta gravísima situación”.

El secretario de Justicia, Rubén Virué, y el subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Julián Froidevaux, también repudiaron el robo y agregaron en un comunicado: “En las últimas semanas hubo testimonios contundentes y precisos sobre cómo operó la represión en la región, señalando el rol perverso de muchos imputados y abriendo el camino a nuevas investigaciones. Es necesario tomar conciencia de la magnitud de los hechos investigados y proteger al máximo a las víctimas y abogados querellantes”.

Un ex policía desmemoriado

Según explicó Virué, hay un elemento objetivo del que se puede inferir la procedencia del robo, que es la causa iniciada a Jacinto Abdo, un expolicía federal acusado de falso testimonio en el juicio de la Causa Área Paraná. El hombre de 75 años fue reticente en su declaración y respondió con evasivas las preguntas de la acusación. Por eso, el juez Ríos hizo lugar al pedido que realizó Amore en la audiencia, y que acompañaron la Fiscalía y las demás querellas. La causa a Abdo fue iniciada formalmente el día anterior al robo en la vivienda de la abogada.

La causa tiene a ocho acusados: los ex militares José Anselmo Appelhans, Jorge Humberto Appiani, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas, el expolicía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, la excarcelera de la Unidad Penal 6 de Paraná, Rosa Susana Bidinost, el expolicía Carlos Horacio Zapata y el médico Hugo Mario Moyano. Les imputan los delitos de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de torutras, cometidos contra 52 víctimas, entre ellas cinco desaparecidas: Claudio Fink, Victorio Erbetta, Carlos Fernández, Juan Alberto Osuna y Pedro Sobko.

El juicio se tramita bajo el régimen procesal previsto por el Código de Procedimientos en Materia Penal sancionado en 1888, que rigió entre 1889 y 1992, porque así lo pidieron los acusados, con la confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, el represor Appiani ejerce su propia defensa y una de las audiencias pudo interrogar nuevamente a sus víctimas, tal como lo hacía, según las declaraciones de testigos, cuando dirigía los interrogatorios a los detenidos.

Cuenta con un volumen de ocho cuerpos, y se inició con las denuncias de las víctimas en 1984, con la recuperación de la democracia, pero se vio interrumpida con la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final de 1987. Cuando éstas fueron anuladas en 2003, se reinició la investigación, pero se vio dilatada y paralizada por abusos del proceso por parte de los imputados.