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Los represores imputados en al causa que investiga el asesinato del obispo Enrique Angelelli, Luciano Benjamín Menéndez (86) y Luis Fernado Estrella (81), finalmente declararon en la segunda audiencia del juicio oral que se realizó ayer en la ciudad de La Rioja. Ambos están acusados por asociación ilícita agravada y por el homicidio del sacerdote en agosto de 1976.

El Tribunal Oral en lo Correccional Federal finalmente comenzó la audiencia cerca de las 10hs con la presencia del cuarto juez. Además de José Camilo Quiroga Uriburu,  Carlos Julio Lascano y Juan Carlos Reynaga, estuvo presente juez Mario Garzón.

Si bien gran parte de la mañana se la llevó la lectura de la acusación de la Fiscalía contra Menéndez – que integran Darío Illanes y Horacio Salman- surgieron datos interesantes pero también expectativas no cumplidas. Arturo Pinto, el sacerdote que iba sentado en la camioneta al lado de Angelelli al momento del atentado, finalmente no participó de esta audiencia. La palabra de Pinto es fundamental en este juicio.

Después de un cuarto intermedio, declararon Menéndez desde Córdoba y Estrella en La Rioja. Tanto Menéndez como Estrella se volvieron a autoproclamar inocentes. Con voz afónica y ajada, el ya condenado Menéndez dijo: "Nunca conocí ni hablé con Angelelli", mientras que diversos testimonios leídos en la acusación aseguran lo contrario, y que incluso el obispo comentó esa reunión entre sus colaboradores.

Estrella, por su parte, dijo que él al igual que Angelelli luchó para que dar solución definitiva a los problemas de los latifundios y que contrario a lo que dicen la acusación, él no estaba a cargo del CELPA en Chamical sino el comandante Aguirre.

Diferente a las primera audiencia donde entró en silla de ruedas, esta vez Estrella ingresó caminando y custodiado ya no por un policía de la Federal sino por tres, que además de turnaban para cubrirlo de las miradas del público. Actualmente Estrella goza del beneficio de la detención domiciliaria en lugar de cárcel común que fijó la condena por el asesinato a los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville.

En el marco de la lectura de la acusación surgieron pedidos expresos de la querella de que se incorporen nuevas pruebas vinculadas a las listas negras que descubrió y divulgó Ministerio de Defensa la semana pasada. Se trata  de tres actas, de los años 1979, 1980 y 1982, en las que aparecen personas catalogadas como parte del “peligro marxista” y calificadas en una escala de uno a cuatro según sus antecedentes ideológicos. Aparecen artistas, periodistas e intelectuales de todo el país, entre ellos de La Rioja. Se adhirieron a esa solicitud las querellas particulares, la del Obispado y la de la Secretaría de DDHH de la Nación.

También el abogado representante de la sobrina de Angelelli, Elena Coseano, de Tiempo Latinoamericano y de Pintos, Angel Morales, pidió que se incorpore como prueba la nota de Página 12 “Conflicto ideológico y territorial”, donde aparece el obispo Enrique Angelelli en el diario personal del provicario castrense Victorio Bonamín. El artículo denuncia la complicidad pasiva y activa de la jerarquía eclesiástica, realizada por los autores de la investigación sobre los diarios personales de Bonamín (1975-1976), Ariel Lede y Lucas Bilbao. La querella pidió además que se cite a los periodistas que realizaron la investigación.

El artículo, entre otras cosas, señala: Bonamín estaba en Europa el día del asesinato, pero el 2 de septiembre, a pocos días de su regreso al país, anotó en su diario: “Mons. Angelelli: ¿un tiro en la cabeza?”. El interrogante de Bonamín es contundente al confirmar que Angelelli era uno de los “asesinables” y fortalece la hipótesis del homicidio (…)

Entre los testimonios leídos en la acusación recuerdan que Angelelli le dijo a sus colaboradores pocos días antes del atentado: "me siento como un perro acorralado sin el apoyo de mis hermanos obispos".

Al terminar la audiencia, entre el público circuló una nota que la sobrina de Angelelli y Luis Miguel Baronetto, de Tiempo Latinoamericano enviaron la semana pasada a la Conferencia Episcopal Argentina. Le solicitan a los miembros de la Conferencia reunidos en la 106 asamblea anual, que se pronuncien sobre el juicio que comenzó el 4 de noviembre, que les brinden palabras de aliento a los testigos -religiosas, sacerdotes, laicos- que “otra vez deberán exponerse para relatar la dura experiencia vivida en aquellos años”.