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Diversas asociaciones relacionadas con el ámbito judicial opinaron en estos días sobre los proyectos de democratización de la Justicia. Lo hicieron a través de comunicados donde manifestaron su postura. La mayoría de ellas acuerda con tres de las propuestas: la creación de un registro público de causas, el ingreso democrático al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, y el acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes. Mientras algunas asociaciones destacan la importancia y necesidad de los demás proyectos, otras los rechazan.

Nuevo Consejo de la Magistratura
Sobre la reforma del Consejo de la Magistratura para ampliar la composición y la forma de elección, algunas asociaciones expresaron su desacuerdo básicamente con un punto: con la elección directa. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional -que representa a jueces de Justicia Federal de todo el país- rechazó que “los jueces dependan de un órgano dominado por la mayoría electoral circunstancial” y advirtió lo que considera la “partidización del Consejo de la Magistratura”.  La Asociación Argentina de Derecho Procesal también criticó la nueva composición del Consejo y defendió que “los miembros de cada sector sean elegidos por sus representantes”. Por su parte, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional señaló que la reforma conllevaría una “pérdida de imparcialidad”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró la elección popular de los miembros del Consejo como un modo de “romper lógicas corporativas y dar oportunidad de acceder a otros sectores o actores”. Además propuso que exista más de una minoría. La Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas también apoyó el cambio del Consejo. El porcentaje de mujeres que se desempeñan como magistradas es muy pequeño, destacó la asociación, y confió en que la reforma permita que el Poder Judicial “ajuste sus prácticas a los correspondientes estándares internacionales referidos a la igualdad entre varones y mujeres”.  

Regulación de medidas cautelares
El proyecto que regula las cautelares define que, cuando estas medidas sean dirigidas contra el Estado o sus entes descentralizados, podrán tener un máximo de duración de seis meses y serán emitidas cuando se encuentren en juego derechos fundamentales. El espacio Justicia Legítima manifestó su apoyo al proyecto y envió al Senado lo que llamó una “propuesta superadora”. Allí precisó que los derechos protegidos sean los del medio ambiente y las condiciones de vida digna, además de la vida y salud. El CELS a su vez indicó que “lo prioritario debería ser restringir el uso de las cautelares en casos netamente patrimoniales, en los que el Estado incluso puede ser la variable más débil de la relación”. Sus opiniones fueron escuchadas y debatidas, y algunas de ellas incorporadas a la redacción final antes de la votación del proyecto en la Cámara de Senadores.

En cambio, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal elaboró un extenso informe que remitió al Senado para marcar su desacuerdo. “La regulación de las cautelares acentúa groseramente la desigualdad existente entre el Estado Nacional y los justiciables, creando prerrogativas a favor del primero”, expresó.  La Asociación Argentina de Derecho Procesal y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional también coincidieron en oponerse, con el argumento de que la nueva regulación atentaría contra el derecho al debido proceso y la defensa en juicio, ambos consagrados en la Constitución.

Creación de Cámaras de Casación
En relación a la creación de tres nuevas Cámaras de Casación -una en el fuero Contencioso Administrativo, otra en lo Civil y Comercial, y otra de Trabajo y Seguridad Social- las críticas alegan el temor a la burocratización del proceso judicial. La Unión de Empleados de Justicia de la Nación, el sindicato que conduce Julio Piumato, evaluó que “va a retardar cuatro o cinco años más las causas que se encuentran en trámite”, en particular las del fuero laboral y previsional. Con otro espíritu, la seccional porteña del gremio apoyó la reforma y confía en que dará lugar a “nuevos procedimientos para acelerar las causas y hacer más ágil y rápido el servicio de Justicia”.

El gremio de trabajadores judiciales de la Capital Federal manifestó que la reforma “nos acerca a una Justicia Democrática, cercana al Pueblo” y que “los trabajadores judiciales que día a día construimos esta Justicia, acompañamos y reivindicamos los proyectos de ley.”

La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), que nuclean a asociaciones de todo el país, emitió un comunicado crítico y propuso trabajar por una mejor prestación del servicio de Justicia. Sugirió la creación de juzgados de pequeñas causas, de servicios de justicia barrial, para consumidores o usuarios de servicios públicos, para casos de salud ambiental, juicio por jurados para casos de corrupción en el ejercicio de la función pública, mediación u otros proyectos que amplíen la participación ciudadana. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitieron propuestas similares.

Con resistencia al cambio
La Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina se pronunció en contra de los proyectos, sin dar explicaciones específicas. El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires emitió una declaración donde expresó que “los proyectos presentados contienen elementos preocupantes” y marcó críticas específicas a la reforma del Consejo de la Magistratura y a la regulación de las medidas cautelares.

Un grupo de entidades que estudian temas de Justicia emitieron un comunicado crítico, en el que llaman a los legisladores a la reflexión para que "no se aprueben estos proyectos con serios vicios en su constitucionalidad" y pidieron a los jueces que “impidan” que entren en vigencia las nuevas disposiciones. El pronunciamiento está firmado por más de diez asociaciones civiles, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

El espacio Justicia Legítima advirtió: “las estructuras corporativas suelen ser resistentes a los cambios” y ratificó su “compromiso con el impulso de una profunda transformación cultural, ya que sólo así será posible garantizar una Justicia democrática y accesible para todos.” El fin de semana los organismos de derechos humanos -Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Asociación Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Rosario, Paraná, Córdoba y  la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos- publicaron en los medios una solicitada de apoyo a la reforma. Recordaron que “aún hoy persisten sectores de la Justicia que fueron cómplices del Terrorismo de Estado, poniendo jueces funcionales y generando así agencias judiciales impunes que operaron desde las sombras y fueron parte de la vulneración del Estado de Derecho.”